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2019-03-07 Nacionales

Tucumán

Denunciaron a funcionarios de Salud por obstaculizar la ILE de Lucía


La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, y su segundo, el secretario del área, Gustavo Vigliocco, fueron denunciados esta mañana en la Justicia por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público” en relación a la atención de la interrupción voluntaria del embarazo de Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, que finalmente fue sometida a una cesárea. La denuncia alcanza también a Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón, donde estuvo internada, y a la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte, cuyo plantel se declaró masivamente objetor de conciencia y se negó a participar de la intervención en el mismo momento en que se estaba por concretar. La presentación, que recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos 2, fue realizada por las organizaciones feministas y de DD.HH. Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir.

Las conductas denunciadas “se traducen en reiterados incumplimientos de deberes de funcionario público en tanto estuvieron dirigidas a retardar, omitir o dejar de hacer actos inherentes al oficio médico y tienen como protagonistas a efectores de la salud que, al mismo tiempo, desplegaron un comportamiento acorde con la acción de abstenerse de ejecutar leyes cuyo cumplimiento les compete de distintas formas”, sintetizó ante Página/12 la abogada Soledad Deza, de MxM, una de las firmantes de la denuncia. Deza fue la representante legal de “Belén” después de que la joven tucumana fuera condenada tras sufrir un aborto espontáneo por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” y llegó a estar casi tres años presa. Deza consiguió su absolución. También firman la presentación Mariana Soledad Álvarez por la APDH y María Teresa Bossio, directora de CDD.

El caso de Lucía “contiene irregularidades y violaciones de derechos graves” --señalan en la denuncia--, que, incluso, fueron comunicadas al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y al Ministerio Público por M x M y CDD el 13 y el 15 de febrero, en una presentación que hicieron en ese momento. Es decir, más de diez días antes de que se hiciera la cesárea. “Consideramos que asistimos a un momento bisagra para los derechos humanos de personas con derecho a abortar, en el cual el enfoque de género impone investigar los profesionales de la salud que desde distintos lugares de poder han incumplido deberes de funcionarios públicos en desmedro de los derechos humanos y el derecho a vivir una vida libre de violencia de todas las tucumanas”, dice la denuncia, a la que accedió este diario. En 2018, 137 niñas tucumanas menores de 14 años fueron madres, según estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, detalla la presentación.

La denuncia muestra el periplo, plagado de obstáculos arbitrarios, que tuvo que atravesar Lucía para poder interrumpir un embarazo, producto de una violación. El caso, recuerdan, tomó estado público en Tucumán el 7 de febrero, a través del diario La Gaceta. La niña ingresó al Siprosa al atenderse en un centro de salud el 23 de enero, según un informe que figura en la causa caratulada “Amaya Eliseo Víctor s/abuso sexual con acceso carnal”, que investiga su violación, y pidió de “forma clara en varias oportunidades su deseo de interrumpir su embarazo tanto en sede judicial, como en sede sanitaria, sin ser escuchada”, puntualiza la denuncia. “Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”, expresó Lucía, según consta en la causa judicial de abuso sexual y en su historia clínica.

“Su deseo fue sometido a reiteradas barreras médico-burocráticas que resultan contrarias a la normativa legal imperante, a las buenas prácticas clínicas estandarizadas en el Protocolo ILE elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación (de aplicación local según informe del Siprosa, obrante en Expte Nº 168/16) y de los lineamientos fijados en términos de política sanitaria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que califica como “violencia institucional” cualquier tipo de obstáculos de este tipo”, dice la denuncia.

Los funcionarios denunciados violaron el deber de respetar la autonomía de la niña, de brindar información, de asegurar la asistencia y garantizar el trato digno y respetuoso, libre de violencias y el deber de resguardar la confidencialidad e intimidad en la atención de interrupción legal de embarazo, escribieron las denunciantes.

Y si bien la interrupción del embarazo se produjo, finalmente en la medianoche del martes 26 de febrero, “la prestación se dilató más de 15 días desde la manifestación de voluntad de la niña en franca violación del deber de asegurar el acceso a la salud que tienen los funcionarios públicos del Siprosa, según la Ley 5652” que establece su estructura y funciones, dice la denuncia.

De acuerdo con el artículo 248 del Código Penal “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”. Y el art. 249 indica que “Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.




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