Por «Tochi» Moreno.

San Luis (LaNoticia) 25-03-2021.

Tras tantos años de un gobierno familiar se hace necesario recordar algunos de los pilares de ese poder. El que poder se sostiene, básica y fundamentalmente, en el incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Lo que se lleva al pisoteo de las instituciones republicanas. Muchos conciudadanos y por varias causas, desconocen buena parte de nuestra realidad institucional y cómo se llegó a ella.  Están también los que, sabiendo Y debiendo, callan resignados, temerosos o cómplices.

Una de las instituciones republicanas que está diluida en su existencia por el irrespeto gubernamental, el desconocimiento, el olvido y la indiferencia, es la

Defensoría del Pueblo

Para saber de ella, nada mejor que conocer el texto constitucional que la crea en el Capítulo XXIII Art. 235:

“Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones son gratuitas para el administrado. La ley establece su forma de designación, requisitos, funciones, competencia, duración, remoción y procedimiento de actuación del Defensor del Pueblo.”

En 1989 se promulga la ley 4877, primera que reglamenta el mandato constitucional. Años después se convirtió en ley VI-0167-2004, modificando la duración del mandato del defensor de los cuatro años originales, a uno. Un mandato así, es claramente insuficiente para cumplir estas responsabilidades, pero muestra el poco respeto que tiene el oficialismo por ese cargo y las pocas ganas del ejecutivo a ser controlado así.

De cómo desaparece la Defensoría del Pueblo

La responsabilidad de la designación del Defensor es de la Asamblea Legislativa –senadores y diputados-, la que debió reunirse en octubre de 2004 al finalizar el mandato del Dr. Aníbal Sopeña, elegido en el 2000, y designar su sucesor. Como eso no ocurrió, Sopeña renunció en los primeros días de noviembre. Junto con Sopeña terminaba el mandato de su adjunto el Dr. Héctor Toranzos, quien se quedó en el cargo sin que la Asamblea Legislativa lo haya designado o autorizado a continuar como reemplazante. Toranzos fue un defensor trucho hasta que dejaron de pagarle el sueldo a fines de 2008.

Nunca hasta la fecha el Poder Legislativo cumplió con su obligación legal de reunirse para designar un nuevo Defensor del Pueblo. Ni los legisladores lo pidieron, ni los vicegobernadores, que presiden la Asamblea, les recordaron esa obligación.

El Poder Legislativo de San Luis, está incumpliendo con la Constitución Provincial y con la ley reglamentaria. En síntesis, es un delito.

¿Por qué pasa eso?

La responsabilidad primera es de los legisladores provinciales, responsables de estas designaciones. Los oficialistas porque son los únicos que pueden sumar la cantidad necesaria para hacer la propuesta. Los opositores, porque no han dado la pelea necesaria en las cámaras para exigir y poner en evidencia ante la comunidad este delito, para esclarecer, para aunar voluntades en la exigencia.

Ya se sabe que los legisladores oficialistas no tienen autonomía para actuar sin la expresa autorización del Gobernador Alberto Rodríguez Saá, jefe del partido gobernante, aunque no lo presida.

Además, los Vicegobernadores, también obedientes al Gobernador, nunca cumplieron con su juramento de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes, recordándoles a los legisladores su obligación de proponer y elegir Defensor del Pueblo.

El Gobernador actúa así, porque no quiere un control tan fuerte como el que indica la constitución, porque no respeta la republicana división de poderes y es autoritario.

Reclamos y denuncias

Personalmente hice muchas notas denunciando esta situación que tuvieron alguna breve y escasa repercusión. También efectué una denuncia penal en el año 2007, la que tras estar un tiempo “traspapelada”, se movió un poco hasta que fue desechada por no ser yo un particular damnificado. Tecnicismo jurídico que no parece tener en cuenta que el irrespeto a la Constitución y leyes nos perjudica a todos por igual. Incluso publiqué un proyecto de ley, de mi autoría tras consultar varias leyes provinciales.

También envié Cartas Documentos, Cartas Abiertas y notas al Gobernador, a los Vicegobernadores Blanca Pereyra, Jorge Pellegrini, Jorge Díaz y Carlos Ponce, a autoridades de la Cámara de Senadores y de Diputados, a todos los legisladores de ambas cámaras en ejercicio el año 2009, a los presidentes de bloques. Sólo me respondió la ex Presidenta de Diputados Graciela Mazzarino, como queriendo hacerme conocer la ley cuyo cumplimiento le exigía.

Acudí también al Superior Tribunal de Justicia, para que hiciera lo que la Corte Suprema de la Nación, exhortar al legislativo a cumplir su mandato. El tribunal provincial dijo que ese era “…un planteo ajeno al ámbito de su competencia”.

En el 2013, diputados de la UCR presentaron un nuevo proyecto de ley, que nunca fue tratado por el rechazo oficialista, pero tampoco sus autores le dieron la necesaria difusión ante la ciudadanía.

No recuerdo, desde el 2004 a la fecha, que la designación del Defensor del Pueblo haya sido tema de campaña electoral; con la sola y pobre excepción, de mi candidatura a diputado provincial, en el 2005.

Más recientemente, el Dr. Francisco Guiñazú hizo un reclamo judicial, creo que no satisfecho. 

Por qué insistir.

Es deber de todos los argentinos el exigir el respeto a nuestro derecho de vivir en una república con plena vigencia de sus instituciones y del respeto a las constituciones nacional y provincial y a todas las leyes. Respeto que debe ser ejemplificado desde gobernantes, legisladores y jueces. Lo que no está ocurriendo en San Luis.

Nos quieren tapar estas violaciones con ladrillos, cemento, asfalto y wifi. Se quieren acallar voces con el peso político y monetario de la familia gobernante.

Esta persistente, flagrante e impune violación al marco constitucional-legal, da pie para la suma del poder político, el enriquecimiento de funcionarios e imponer la ignorancia de sus derechos a todos los sanluiseños.

Este 2021 es un año electoral, ¿se animarán las expresiones políticas provinciales y los candidatos que presentarán a poner en sus propuestas la urgente designación del Defensor del Pueblo, del que carecemos desde hace 16 años?

Hasta ahora han sido pocas y débiles las acciones político – judiciales para recuperar la plena vigencia de las instituciones republicanas cuyo manoseo o flagrante incumplimiento están a la base de este gobierno con rasgos feudales.

Lamentablemente esta y otras situaciones similares, son consideradas como noticias pasajeras, sin reconocerles el peso que tienen en la creación de una conducta de indiferencia hacia la esencia de la vida republicana, sin instalar este tema en la agenda y en la conciencia de la ciudadanía.

 Indiferencia que se convirtió en el hábito de dejar hacer al autoritarismo. Cuando el hábito se instala, se hace muy difícil dejarlo de lado. Por eso la persistencia en insistir, en reclamar, en exigir más y más república.

No se erradicó a la dictadura, para caer en un autoritarismo familiar, con aspiraciones de hereditario.

Para quienes delinquen así, NI OLVIDO NI PERDÓN.

SAN LUIS.  22 de marzo de 2021

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