En su carta, el abogado justificó haber sido designado por decreto y acusó a la dirigencia política de no querer cortesanos independientes. Las especulaciones en el máximo tribunal y las sentencias firmadas en solo 40 días en el cargo.

Rechazado por el Senado, por decenas de académicos, profesores y juristas y ya al final por los propios integrantes de la Corte Suprema, Manuel José García Mansilla le presentó a Javier Milei su renuncia indeclinable como juez del alto tribunal en comisión después de pasar 40 días en ese cargo, donde no perdió oportunidad de firmar 214 sentencias y otras decisiones, además de pintar su despacho. En un texto de siete páginas carente de autocrítica, que elude las verdaderas razones de su dimisión, el abogado se adjudica un papel de salvador en la Corte que, vaticinaba, quedaría paralizada por la existencia de dos vacantes. Afirma que la política no quiere jueces independientes, algo que suena paradójico dicho por quien fue nombrado a dedo. Es el broche de oro de un gran papelón para él y para el Gobierno, en el que los supremos pusieron su granito de arena al tomarle juramento en un acto secreto y de apuro.

Carta de un león a otro

García Mansilla dedicó varios párrafos a decir que no dijo lo que dijo ante el Senado: si habló de que no aceptaría una designación en comisión –quiso aclarar– era para referirse al contexto de 2015 en que Mauricio Macri metió por la ventana (con un decreto) a los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes después y tras un gran revuelo obtuvieron acuerdo del Senado. Aunque para él los nombramientos transitorios son constitucionales, sostuvo, al analizar aquel escenario en retrospectiva «con el diario del lunes» le pareció que el impacto «institucional» de aceptar una designación de esas características no sería positivo. Aun así, en su carta de despedida, justificó que en la audiencia pública ante las y los senadores utilizó «el tiempo verbal condicional simple (‘no aceptaría un nombramiento en comisión’)», con lo cual le quedaba margen para aceptarlo. Acusó a la Cámara Alta de dilatar el tratamiento de su pliego, a pesar de estar avanzado, por una «especulación política».

Si fuera por él, se sinceró, se hubiera quedado largo rato en la Corte, donde dice que fue bien recibido, pero que no lo hizo porque ahora, tras el rechazo del Senado, quiere facilitar la integración del tribunal. «No admite más demoras», dice su texto. «Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado», es su argumento. Le agrega un remate provocador, al afirmar que «si alguno de los tres integrantes actuales tuviera algún impedimento, fuera temporario o permanente, la Corte Suprema se vería imposibilitada de funcionar».

El Gobierno perdió el apuro

El Gobierno no parece ahora apurado por postular nuevos nombres, sino entregado a esperar el recambio legislativo con la esperanza de ganar escaños. El problema en la política, sostiene, es «la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contacto con la política tradicional», un planteo difícil de entender en alguien que fue nombrado por una decisión unilateral de Milei y su círculo cercano. Santiago Caputo le hizo la propuesta, según él mismo contó. Más aún: la vicepresidenta Victoria Villarruel contó en una entrevista con Jonatan Viale que le había pedido asesoramiento a García Mansilla cuando el Presidente firmó el decreto 70/2023. «Es un constitucionalista de fuste», opinó.

García Mansilla se queja por las vacantes de jueces y juezas en todas las instancias, y del Procurador General, algo que ya es un clásico del discurso de la corporación judicial (que es igualmente partícipe de los obstáculos y las roscas). Sentencia que «no hay una real dimensión que toda esta desidia institucional ha venido causando» y le dice al Presidente Milei que él fue el único que «con el decreto 137/2025 rompía con ese círculo vicioso». Le rinde pleitesía. Y sobre el final el texto viene con un envión que da la sensación de que el ahora exjuez en comisión está por decir VLLC (Viva la Libertad Carajo), pero se limita a agradecer la oportunidad al mandatario.

¿Otra vez un trío?

En la Corte esperaban la renuncia de García Mansilla después del rechazo abrumador de su pliego en el Senado. Desde el gobierno intentaron buscar respaldo en el tribunal, pero fue en vano. Incluso los supremos, ante la versión de que les pediría opinión formal sobre qué hacer, hicieron trascender que era mejor que reflexionara durante el fin de semana y decidiera solo. Ricardo Lorenzetti hizo algunas declaraciones donde enfatizó que él nunca hubiera aceptado asumir en comisión. La carta del exjuez comisionado generó algunos comentarios irónicos, aunque hubo quienes dijeron que el problema de ser una Corte de solo tres miembros es real, aunque en las condiciones dadas la presencia de García Mansilla lo empeoraba.

Hasta última hora de este lunes el presidente Milei no había aceptado la renuncia de García Mansilla, un paso burocrático pero elemental para que quede definitivamente desvinculado, amén de que en la Corte ya lo habían excluido de la circulación de expedientes después de la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla que le ordenaba abstenerse de firmar fallos y decisiones administrativas. El sábado último, a través de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Justicia, el gobierno presentó un per saltum contra la decisión del juez federal de La Plata. Es decir, planteó que era un asunto de gravedad institucional que debía resolver directamente la Corte sin pasar por la Cámara Federal platense, lo que causaría dilaciones. Allí, además, alegaban que al haberle tomado juramento a García Mansilla, el tribunal había validado el decreto de su designación en comisión sin objeciones.

Rosatti y Rosenkrantz comenzaron a analizar el per saltum en cuestión para inaugurar la semana. Lorenzetti se inclinaría más bien por declararlo abstracto, para lo cual hace falta que se formalice la renuncia. El dúo de presidente y vice de la Corte, todo indica, estaría analizando ese camino pero también algún otro, ya sea que habilite el recurso para pronunciarse o dejar sentada una posición de alguna manera a modo de mensaje político y judicial. Son reacios a que los jueces inferiores les marquen la cancha.

Qué firmó García Mansilla

Uno de los interrogantes que quedan pendientes es qué pasará con los fallos que García Mansilla firmó. Según el sistema de consulta pública fueron 214 (solo en el último acuerdo fueron 106). El constitucionalista Gustavo Arballo consignó en una publicación en la red «X» que en el 80 por ciento de los casos su firma no influyó en el resultado final porque también firmaban los otros tres cortesanos. Pero hubo 40 casos donde su voto sí fue determinante: más de la mitad, específica, son cuestiones de competencia y el resto no formó parte de los casos desatados por la Corte en su sección de «novedades». No firmó ninguna disidencia.

Hubo un caso en particular donde a sus colegas les llamó la atención que pidió el expediente para hacer un voto propio, aunque se pronunció en la misma dirección que el resto. El expediente se llama «Acevedo» y el resultado era que invalidaba la aplicación del convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (que protege derechos de trabajadores/as), que había sido aprobado por el Congreso pero el reproche era que no había pasado por el Poder Ejecutivo. Esto revirtió la jurisprudencia de la Corte de los tiempos de Néstor Kirchner. Fue llamativo el tono crítico exagerado de García Mansilla para con los exjueces Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y los fallecidos Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Y el hecho de que se trató de un fallo que pasó inadvertido, excepto para la cuenta de «X» que se atribuye a Caputo que lo celebró: «Hoy la CSJN (Corte Suprema) falló que la política internacional la define el Poder Ejecutivo y que los tratados internacionales nos pueden chupar la pija. Un pasito más cerca de un país más grande nuevamente».

Denuncia con puntería

La primera decisión que firmó García Mansilla en la Corte fue la que le rechazó a Ariel Lijo la licencia como juez federal, con lo cual éste debía elegir si asumía en comisión o se quedaba en Comodoro Py a la espera del Senado (eligió lo segundo). Ricardo Ramírez Calvo, un amigo del renunciante y coautor con él de varios artículos, tuiteó este lunes que «se soslaya que Lijo» no accedió a la Corte debido a lo que García Mansilla votó y que su posición fue un gesto de independencia. Algunos juristas lo cruzaron para explicarle que fue una decisión de superintendencia (no es un fallo) y, como tal, el voto del excomisionado no definía nada. Con las firmas de Rosatti y Rosenkrantz ya alcanzaba. Lorenzetti, es conocido, fue el impulsor de la candidatura de Lijo.

García Mansilla fue denunciado penalmente este lunes por el senador de Unión por la Patria Martín Doñate, por el delito de «usurpación de autoridad de títulos y honores», por la «ilegitimidad de origen» de la designación que aceptó, cuando lo que requería era acuerdo del Senado. Fue antes de que presentara la renuncia, con lo cual, tuiteó el senador después, «se confirma» que «su designación fue ilegítima y su permanencia una amenaza al orden constitucional». Ahora, reclamó, «debe garantizarse que García Mansilla no reciba ningún privilegio ni prerrogativa propia de un ex juez, porque jamás tuvo legitimidad de origen de ejercicio». La denuncia le tocó a Lijo.