Hoy la Justicia iba a tratar el pedido de desalojo del acampe que la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani mantiene para preservar la naturaleza, y que la fiscal María del Valle Durán interpuso contra los vecinos. Sin embargó, la audiencia se suspendió y el acampe continua. Hoy, en lo que consideran una jornada histórica para el ambientalismo puntano, decenas de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia para reclamar por la conservación ambiental y velar por el derecho a la protesta.

Desde principios de Julio, la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani mantiene un acampe en el “bosque Vulpiani” en protesta por el Impacto Ambiental y la deforestación que acarrea el proyecto urbanístico Parque Acueducto Vulpiani que el gobierno provincial pretende erigir en el lugar. Además, la asamblea denuncia que la obra inició sin Estudio de Impacto Ambiental y alertan que quieren retomar las obras de manera irregular, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo Interamericano de Escazú y en otras leyes locales.

La Asamblea recuerda que la zona en cuestión originalmente está protegida por la Ley de Bosques de la Nación y que las obras pretendían iniciar sin cumplir con procesos de participación ciudadana y vulnerando el derecho de acceso a la información pública. En esa línea, la Asamblea subrayó que la responsabilidad de hacer cumplir la norma ambiental y preservar la naturaleza la tiene el Estado Provincial: “la medida de acampe podría haberse evitado, pero frente a la ausencia del Estado, fuimos entonces las personas quienes asumimos la responsabilidad de defender los derechos vulnerados”, señalaron mediante un comunicado.

En ese marco, uno de los principales reclamos de la Asamblea es el dialogó con las autoridades. En determinado momento el gobierno vulneró el derecho de Audiencia Pública y hoy, a 21 días del inicio del acampe, denuncian que las únicas autoridades que se han hecho presentes han sido las policiales solicitando documentación, intimándolos a desalojar y hostigándolos.

De hecho, la única audiencia a la que los asambleístas fueron convocados fue una audiencia judicial que pretendía “criminalizarlos”. Durante el segundo día de acampe, la fiscal María del Valle Durán, motivada por una denuncia interpuesta por el apoderado de la empresa SERVING S.R.L (la constructora adjudicada) contra la Asamblea, intimó a los manifestantes a desalojar el acampe; ante la negativa de la Asamblea al día siguiente Durán solicitó una orden judicial para desalojar el campamento, y un día después el juez Marcos Flores Leyes rechazó la solicitud en un fallo ejemplar en la provincia.

Entonces la fiscalía apeló la decisión del juez, razón por la cual hoy se iba a tratar en el Tribunal de Impugnaciones la acusación contra la Asamblea. Hoy a partir de las 8:00 AM los asambleístas y decenas de ciudadanos autoconvocados se hicieron presentes frente al Palacio de Justicia para reclamar por la preservación ambiental y velar por el derecho a la protesta.

Sin embargo, finalmente la audiencia no tuvo lugar y fue suspendida. El representante legal de la asamblea, Abogado Gustavo Quiroga (Especialista en Derecho Ambiental del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales, de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis –UNSL-) explicó que: “los asambleístas no están denunciados por un hecho ilícito: no hay hecho ilícito, y este Tribunal Penal juzga conductas ilícitas. Entonces, lo que –este Tribunal está- haciendo es determinar si tienen competencia para resolver en este tema o no, yo creo que no son competentes, -el acampe- en todo caso es una desobediencia civil: no un hecho ilícito”, dijo en comunicación con Radio Total.

En esa línea, al ser consultada por EcoPress, Gabriela Ochoa (referente de la Asamblea) opinó que “se trata de una pequeña victoria, pero el fondo de la cuestión aún está sin resolverse. Lo que sucedió hoy nos permite seguir con el acampe, pero el conflicto por el Impacto Ambiental de este mega proyecto sigue vigente, y por eso nos vemos obligados a mantener el campamento para conservar el predio y exigir el cumplimiento de la norma ambiental”.

Por su parte, Lisandro Barrionuevo, un artista solidarizado con el reclamo de la Asamblea, considera que la actitud de las autoridades es “un poco lamentable, porque estamos en un gobierno democrático donde las autoridades deberían representar los intereses y el bienestar del pueblo, y eso no está sucediendo”, y sentencia: “ojalá que a nivel político/judicial se pongan las pilas y hagan lo que deberían estar haciendo”.

A su turno, el reconocido geólogo Héctor Luis Lacreu denunció que está “es una situación perversa porque la Secretaría de Ambiente ha autorizado una obra que no debería hacerse: la obra no solo no tiene ‘Licencia Social’, sino que contradice normativas ambientales y, además, el propio Estudio de Impacto Ambiental –EIA- señala cuestiones contradictorias: se habla del parque como si fuera un cuidado de la naturaleza, pero las obras que plantean dan la impresión de –lo contrario- “.

El último comunicado de la Asamblea cuenta con el respaldo de 48 organizaciones civiles y/o ambientales y 11 entidades académicas.

Una de las entidades académicas que adhiere al reclamo de la Asamblea es la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur –FCH/UNSL-. Ramón Sans Ferramola, filósofo e integrante de la Catedra, explica que “la bioética siempre está pensando desde una perspectiva biocéntrica, en donde el ser humano debe dejar de ser el centro para pensarse como un ser relacional con la naturaleza. En ese marco, -adherimos- a todos los reclamos como el de la Asamblea, que es un reclamo por los bienes comunes de la naturaleza y el cuidado de la ‘pachamama’”.

Además, al ser consultado, el catedrático considera que “deberíamos empezar a pensar los espacios públicos también como lugares donde se produzcan alimentos, hay que empezar a plantearse la idea de plantar frutales en las plazas y aprovechar lo que nos brindan las nativas. El ‘bosque Vulpiani’ perfectamente podría ser utilizado para plantar árboles que proveen de alimento y aprovechar los frutos de la flora autóctona, como el algarrobo que está muy presente en esa zona”. En esta línea, cabe recalcar que la empresa talo ilegalmente varios árboles frutales cuando ni siquiera habían presentado el Estudio de Impacto Ambiental.

El “bosque Vulpiani”, además de poseer una importante relevancia ecosistemita y cumplir una función clave en el equilibrio hídrico y en la purificación del aire, también posee patrimonios naturales. Uno de ellos es el Salto de la Salamanca, un pequeño salto del arroyo Cuchi Corral que “debe ser considerado patrimonio natural: allí yace un archivo de rocas que permiten la reconstrucción histórica de 500 millones de años. Este salto nos muestra que hace 500 millones de años en San Luis el paisaje era muy distinto: aquí había una cordillera similar a la de los Andes y al oeste estaba el océano, no existía Mendoza, ni Los Andes, ni Chile”, subraya Lacreu.

Por estos, y otros motivos, la Asamblea pide que «se considere el reemplazo del actual proyecto de Parque Acueducto Vulpiani por un nuevo proyecto de Reserva Municipal, teniendo en cuenta los fundamentos históricos, culturales, biológicos y geológicos mencionados en nuestra propuesta presentada a la Municipalidad de Juana Koslay el 6 de julio, que –también- incluye la participación ciudadana”.

Finalmente, Ferramola destaca que “tenemos el deber de cuidar el bien común, por eso nos parece excelente que los ciudadanos se reúnan en asamblea y defiendan eso que es de todos y, al mismo tiempo no es de nadie: la naturaleza”.  “Cada uno hace el aguante y aporta el granito de arena desde donde puede para mantener esta causa y hacer historia en San Luis”, agrega Barrionuevo por su parte.

Para concluir este reporte, cabe destacar que –como de costumbre- se mantiene la incertidumbre en torno a esta controversia. La Justicia puede llamar a una nueva audiencia, o bien ir a la Cámara Civil y Ambiental como propone el abogado Quiroga, donde además se evaluará la solicitud de paralizar y/o suspender las obras. Por su parte, la Secretaria de Ambiente tiene la oportunidad de admitir sus errores y dar lugar al pedido de revocatoria que la Asamblea presentó para dejar sin efecto la aprobación ecológica de la obra. Mientras tanto la Asamblea continuará manteniendo el acampe, sin importar el frío invernal, ni las inclemencias del chorrillero.  

F:EcoPress