Tal como contó este diario, las prepagas tienen todo listo para aumentar sus cuotas en los próximos dos meses. Pero necesitaban una última ayuda del Ejecutivo: que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia retire su presentación judicial. Con este último movimiento ya corre la normativa del DNU, algo que insistió el futuro ministro de Javier Milei.

A una semana del acuerdo judicial alcanzado entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) retiró la medida cautelar que había dictado por la «cartelización» y volvió a dejar así libre a la mano invisible del mercado de las prepagas para aumentar el valor de las cuotas sin las limitaciones de ajustarlas de acuerdo a la inflación y la variación salarial, un esquema por el que insistió Federico Struzenegger: había sido la única crítica del exfuncionario de la Alianza a su colega Luis «Toto Caputo». «Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso», denunció el legislador de la Coalición Cívica y abogado denunciante, Hernán Leyes.

La demanda por «cartelización» había sido impulsada por la Coalición Cívica y ratificada en la audiencia judicial a la que asistieron 41 empresas el 28 de mayo ante el juez federal Juan Rafael Stinco. La decisión, según fuentes oficiales, había sido mantener la cautelar ya que fue lo que forzó a las prepagas a retrotraer las cuotas cobradas durante el primer trimestre; incluso se había ampliado la medida a 13 empresas más.

Leyes denunció en sus redes sociales que tras el acuerdo entre el Gobierno y las prepagas, llegó la orden para que la CNDC dé de baja la medida cautelar por «cartelización». «Antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar», denunció el legislador de la Coalición Cívica.

De esta manera, desde el 1 de julio, las empresas de medicina privada podrán volver a incrementar sus cuotas sin control ni supervisión. «No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo», analizó Leyes.

El legislador porteño aseguró que desde la Coalición Cívica sostendrán la demanda contra las empresas, ya que «el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023». «Las prepagas lo saben porque son ellas las que pisan los salarios y honorarios profesionales, y los acuerdos con las clínicas y demás instituciones», apuntó.

El abogado consideró que las prepagas deben aumentar en relación con su estructura de costos y coherente al servicio que le dan a sus usuarios, pero al tratarse de un mercado imperfecto se debe sostener la intervención estatal en el control.

En el acuerdo alcanzado la semana pasada, las empresas ya habían conseguido un plan de 12 cuotas para devolver a los usuarios lo que hubiesen pagado por encima de la evolución de la inflación y a una tasa equivalente a la del plazo fijo de Banco Nación, que actualmente equivale a la mitad del Índice de Precios al Consumidor.