Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis otorgó media sanción al proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal -conocido como ‘ley de reiterancia’-, enviado por el Ejecutivo provincial con el objetivo de fortalecer el sistema judicial y combatir la inseguridad. La iniciativa ahora volverá al Senado para su evaluación y eventual sanción definitiva.

Durante la apertura de sesiones ordinarias el 1° de abril, el gobernador Claudio Poggi destacó que esta reforma es fundamental para poner fin a la “puerta giratoria”, asegurando que los delincuentes no puedan eludir la Justicia y enfrenten las sanciones que corresponden por sus actos: “Queremos brindarle al sistema judicial herramientas para que, respetando las garantías del acusado, se impida que alguien esté libre y cometa muchos delitos antes de ser enjuiciado por el primero de ellos”.

La propuesta legislativa contempla modificaciones en diez artículos del Código Procesal Penal, enfocándose en tres conceptos fundamentales: la figura de reiterancia, el tratamiento de detenciones por delitos ‘in fraganti’ y la protección de los derechos de las víctimas en casos de usurpaciones:

1- El proyecto incorpora la figura de la reiterancia, es decir que aquellos delincuentes que son detenidos y tienen causas pendientes deberán esperar el inicio del juicio por ese hecho anterior en prisión preventiva, y no libres como sucede hoy en día. Esta figura no afecta ninguna garantía constitucional, ya que la prisión preventiva se impone al solo efecto de garantizar que el delincuente no evada la Justicia ni entorpezca la investigación.

2- En el caso de los acusados por delitos “in fraganti”, el objetivo es que tengan un proceso abreviado si no hay mayor prueba que producir y en 30 días tengan condena, ya sea efectiva o en suspenso.

3- En cuanto a las usurpaciones, lo que busca este proyecto es brindarles una herramienta a los jueces para que, ante una denuncia por ocupación ilegal de un inmueble, rápidamente puedan ordenar el desalojo, sin perjuicio de que la causa siga. Esto le garantiza a la persona que sufrió la usurpación el poder recuperar su propiedad.

Durante el 2018 sólo se emitieron 158 sentencias condenatorias en los 20 juzgados penales de la provincia, es decir, menos de 8 sentencias por juzgado por año. Estas cifras evidencian la necesidad de reformas para mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizarles seguridad a todos los sanluiseños.

La semana pasada, durante una reunión con los diputados, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, expresó que esta ley beneficiará directamente a la sociedad: “Tenemos que pensar en hechos que están pasando cada tres, cuatro, cinco días, donde los autores se repiten, donde hay similitud en los hechos que se producen. Entonces, hacer cesar esa acción sería muy importante”.