La nueva coordinadora del programa anunció auditorías a proveedores y acompañamiento en escuelas. Criticó el manejo anterior de la alimentación infantil bajo la gestión Rodríguez Saá.
Tras los recientes casos de intoxicación alimentaria en tres establecimientos educativos de San Luis y Villa Mercedes, el gobierno provincial implementará un plan de fortalecimiento del Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE) que incluye auditorías exhaustivas a proveedores y la presencia de funcionarios en las escuelas durante 30 a 40 días para supervisar la calidad de los alimentos.
Medidas inmediatas y controles reforzados
Eugena Gallardo, flamante coordinadora del programa, detalló las acciones en una entrevista con San Luis +:
- Auditorías integrales a proveedores, con foco en San Luis y Villa Mercedes
- Trabajo conjunto con municipios y áreas de Bromatología
- Incorporación de nutricionistas y bromatólogos para revisar protocolos
- Denuncia judicial ya iniciada por los incidentes recientes
«Es clave hacer un parate sin interrumpir el servicio. Vamos a profundizar donde ocurrieron estas fallas para mejorar un programa esencial», afirmó Gallardo, quien solicitó licencia como diputada para asumir el cargo.
Impacto educativo y comparación con gestión anterior
La funcionaria destacó logros del PANE:
✓ Mejoró el presentismo escolar en un 15% (según datos oficiales)
✓ Potenció los resultados del plan de lectocomprensión
✓ Reemplazó el modelo asistencialista de merenderos
«En la administración anterior pretendían resolver la pobreza con juguitos y barritas de cereales. Nosotros diseñamos un plan profesionalizado con especialistas», contrastó Gallardo, revelando que al inicio de la gestión actual «7 de cada 10 niños estaban en situación de pobreza».
Desafíos pendientes
El programa enfrenta obstáculos:
⚠ Déficit fiscal heredado que limita recursos
⚠ Falta de empleo estructural en el sector privado
⚠ Necesidad de sostenibilidad a mediano plazo
«La solución no será inmediata. El PANE deberá continuar al menos hasta 2025», reconoció la coordinadora, quien asumió «toda la responsabilidad» por la alimentación de 45,000 beneficiarios diarios.
El gobierno mantendrá el formato de comidas preparadas (no bolsones) y prometió transparencia en los contratos con proveedores, cuyo listado se publicará en las próximas semanas.