La ex diputada provincial Anabela Lucero y su pareja, el actual legislador Joaquín Beltrán, fueron formalmente imputados por delitos de corrupción en la gestión del Complejo Molino Fénix. En una extensa audiencia judicial que se prolongó por diez horas, el juez Santiago Ortiz dispuso medidas restrictivas, incluyendo un embargo por 300 millones de pesos, la prohibición de salir de San Luis sin autorización y la entrega de sus pasaportes.

La acusación también alcanza a otros implicados en la causa, entre ellos el hermano de Lucero, Enzo Fabricio Lucero; su cuñado, Exequiel Scarel; y Diego Torres, ex coordinador del teatro del complejo. Según el fiscal José Olguín, los cinco están vinculados a al menos nueve hechos delictivos, entre los que se incluyen peculado, hurto y administración fraudulenta. Durante la audiencia, el juez imputó a los acusados por ocho de estos delitos, aunque desestimó el cargo de robo calificado en poblado y en banda.

Medidas dispuestas por la Justicia

El juez Ortiz determinó las siguientes medidas contra los imputados mientras dure la investigación, que se extenderá por al menos cuatro meses:

  • Embargo preventivo por un total de 300 millones de pesos.
  • Prohibición de salida de la provincia y del país sin autorización judicial.
  • Entrega obligatoria de pasaportes.
  • Restricción de acercamiento a menos de 200 metros de las instalaciones del Molino Fénix, la Casa de la Música y el Museo Gatica.
  • Firma periódica en la Fiscalía del 1 al 10 de cada mes.

Por otro lado, el juez rechazó la solicitud de prohibirles el contacto con testigos de la causa.

Cruces y tensión en la audiencia

La defensa de Lucero y Beltrán, encabezada por los abogados Carlos Cobo y Gonzalo Estrada, calificó la imputación como una «persecución política» y apuntó contra la imparcialidad del juez Ortiz, insinuando que actuaba bajo presiones del gobierno provincial. En su descargo, utilizaron frases como «tribunal de inquisición» y «fusilamiento no, ¿verdad?» para criticar la decisión judicial.

Durante la audiencia, Beltrán denunció a un policía que participó en la investigación y al ex gerente del Molino Fénix, Pablo González, por presunto falso testimonio.

A pesar de la resistencia de los acusados y sus defensores, la formulación de cargos quedó firme y se acreditó la existencia de maniobras fraudulentas en el manejo de fondos y bienes públicos del complejo cultural. Parte de la prueba presentada por la Fiscalía incluyó registros fílmicos que evidenciarían las irregularidades cometidas, aunque no todos pudieron ser exhibidos debido a objeciones de la defensa.

La defensa anunció que apelará las medidas impuestas ante el Tribunal de Impugnaciones. Mientras tanto, la investigación avanza y podría derivar en nuevas imputaciones dentro de la trama de corrupción que rodea al Molino Fénix.