El fiscal de Estado de San Luis, Víctor Endeiza, ha alzado su voz para denunciar lo que muchos ya sospechaban: el Poder Judicial de la provincia parece más interesado en proteger a exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá que en impartir justicia. En declaraciones contundentes, Endeiza cuestionó la falta de avance en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión anterior, señalando que “ha pasado un año y prácticamente nada se ha avanzado en las causas”.

Estas palabras no son solo una crítica a la lentitud burocrática, sino un llamado de atención sobre un sistema judicial que opera con una inquietante selectividad. Mientras casos de menor envergadura avanzan, las denuncias contra exfuncionarios de alto rango vinculados al Partido Justicialista parecen estancarse en un limbo procesal. Endeiza no dudó en señalar que “a quienes investigan esto los tiran solitos, sin herramientas”, una frase que refleja la desprotección y el abandono en el que se encuentran los fiscales que intentan llevar adelante estas causas.

Las irregularidades detectadas al inicio de la gestión del gobernador Claudio Poggi fueron tan graves que justificaron la declaración de emergencia provincial. Sin embargo, un año después, las investigaciones sobre presuntos delitos como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública avanzan a un ritmo exasperantemente lento. Entre los implicados se encuentran nombres emblemáticos de la administración de Rodríguez Saá, como el exministro de Seguridad Luciano Anastasi, la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez, y el exdirector de Vialidad Provincial, ‘Timmy’ García Quiroga, entre otros.

La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué el Poder Judicial de San Luis no actúa con la misma celeridad y contundencia que en otros casos? La respuesta parece estar en la histórica influencia del Partido Justicialista sobre las instituciones provinciales, incluyendo el sistema judicial. Esta cooptación ha convertido a la justicia en un instrumento de protección para los poderosos, en lugar de un garante de la ley.

Endeiza, desde su rol en la Fiscalía de Estado, ha asumido el compromiso de seguir impulsando estas investigaciones, aportando pruebas y exigiendo avances. Sin embargo, sus esfuerzos chocan contra un muro de inacción y desinterés por parte de quienes deberían garantizar que la justicia sea igual para todos. “El gobierno ya debería estar ocupándose en otras cosas y la justicia investigando los delitos ya anunciados”, remarcó el fiscal, en un claro mensaje de que la impunidad no puede ser la norma.

La ciudadanía de San Luis merece respuestas. Merece saber por qué los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios no avanzan, mientras otros procesos judiciales siguen su curso sin mayores obstáculos. El Poder Judicial debe demostrar que es independiente y que está al servicio de la justicia, no de los intereses políticos de un partido o de una figura como Alberto Rodríguez Saá.

Mientras esto no ocurra, la sombra de la impunidad seguirá extendiéndose sobre San Luis, y la confianza en las instituciones seguirá erosionándose. Es hora de que el Poder Judicial deje de ser un refugio para los poderosos y se convierta en lo que siempre debió ser: un pilar de la democracia y la transparencia.