20 años de uno de los mayores escándalos institucionales de San Luis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a seis años de prisión contra Sergio Freixes, exministro de Legalidad, y Mario Zabala, su viceministro, ambos funcionarios del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá. Ambos deberán ser detenidos y cumplir pena efectiva.
La sentencia cierra un caso que comenzó en 2004 y expuso un mecanismo de presión sistemática sobre la Justicia provincial, montado desde el Poder Ejecutivo para controlar a los magistrados.
Un sistema para someter jueces
La maniobra, según describió la fiscalía, consistía en “someter a los magistrados del Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo”, exigiendo que los jueces firmaran renuncias anticipadas antes de asumir, dejándolos en una situación de completa dependencia política.
El caso salió a la luz gracias a la denuncia de Marina Ziliotto, designada jueza de Cámara tras un concurso. Antes de asumir, fue presionada para que firmara una renuncia sin fecha y para que apoyara un pedido de jury contra dos colegas. Ziliotto se negó y denunció el mecanismo.
Condenas, apelaciones y fallo final
En 2018, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a Freixes y Zabala a cinco años de prisión, aunque los absolvió por uno de los hechos investigados.
La fiscalía apeló y en 2019 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal condenó también por el segundo hecho, elevando la pena a seis años. Las defensas insistieron hasta llegar a la Corte, alegando violación al ne bis in ídem, calificación errónea y dilación indebida del proceso.
Pero los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron los planteos por “inadmisibles” aplicando el artículo 280 del Código Procesal.
La decisión dejó firme la condena y abrió la puerta a la inmediata detención.
Cómo operaba el sistema de presión
En 2004, el Gobierno de Rodríguez Saá impulsó una modificación en la Ley Orgánica de Administración Judicial, otorgándole al Ministerio de Legalidad —dirigido por Freixes— el control directo del proceso de selección de jueces.
Desde esa posición:
- Condicionaban las designaciones, exigiendo renuncias firmadas antes de asumir.
- Amenazaban con no enviar los pliegos al Senado si los candidatos no aceptaban.
- Mantenían un mecanismo de disciplinamiento: cualquier juez que fallara contra los intereses del Ejecutivo podía ser “removido” activando la renuncia anticipada.
- Garantizaban reemplazos funcionales al Gobierno, asegurando el control del Poder Judicial.
Todo el sistema configuró un sometimiento estructural del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en la provincia.
Una causa que trasciende a los acusados
La ONG Poder Ciudadano presentó un amicus curiae ante la Corte, subrayando la importancia del caso para la defensa de la división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la Justicia.
“Debían protegerse las formas republicanas de gobierno”, sostuvo la organización, advirtiendo que el modus operandi denunciado ponía en riesgo el funcionamiento institucional de toda la provincia.
Un cierre histórico para un escándalo que marcó a San Luis
Luego de dos décadas, múltiples instancias judiciales, apelaciones y revisiones, el máximo tribunal del país dejó sin argumentos a la defensa de los exministros. Freixes y Zabala deberán ir a prisión y cumplir los seis años de condena por amenazas coactivas agravadas.
El fallo deja un mensaje contundente:
la Justicia no puede ser sometida por el poder político sin consecuencias.
