A nivel nación y provincial se están tomando medidas judiciales para frenar la “compra” de votos con medidas económicas electoralistas, por ejemplo, el bono de 5.000 para que jóvenes gasten en “cultura”.

“En San Luis presentamos una medida cautelar, porque vemos que se han habilitado el uso de cajas “chicas”, es decir fondo que cuando se acaban pueden volver a regenerases y volver a utilizarse, estos fondos se autorizar para ser usados como pago de fiscales, subsidios, usarlos con total discrecionalidad, estamos hablando de millones de peso que se pueden utilizar el mismo día de las elecciones para compra votos en efectivo” dijo Jimena Torres, integrante del Comité de Control Electoral.

Con respecto a los subsidios y demás anuncios económicos electoralistas del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, la abogada comentó que “frente a estas medidas, el fiscal Federal entiende que están dadas las condiciones para trabar una medida cautelar, y le pida al Juez para que le pida al Gobierno que se abstenga en la utilización de estos fondos hasta después del 15 de noviembre”.

Ahora resta que el juez Esteban Maqueda, emita la medida cautelar al igual que lo hizo la jueza federal Servini de Cubría, que prohíbe el uso de estos fondos previo a las elecciones.

Estas son las medidas que Rachid considera que son para “comprar” votos y pide que se corten.

Utilizar los fondos rotatorios “cajas chicas”, para entregar dinero en efectivo en forma absolutamente discrecional.

Efectivizar el pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de $ 20.000 y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre (3 días hábiles antes de la elección).

Continuar la operatoria de microcréditos de hasta $ 50.000 (que se entregan a sola firma y con evidente utilización partidaria).

El otorgamiento de los subsidios a asalariados.