La detención de Juan Carlos Insúa, un dirigente sindical vinculado al gremio de la carne y señalado como jefe narco, ha sacudido los cimientos de la estructura delictiva que operaba en San Luis y evidenció, una vez más, cómo el narcotráfico se infiltra en ámbitos institucionales bajo apariencias legales. El caso fue revelado a través de una investigación de casi un año encabezada por la Justicia Federal de Villa Mercedes, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de San Luis.

Los resultados del operativo —realizado el 21 de mayo en Villa de Merlo, Villa Mercedes y Buenos Aires— fueron contundentes: 28 allanamientos, 13 detenidos y el desmantelamiento de dos organizaciones criminales que operaban de manera coordinada. Entre los capturados está Insúa, quien, según la causa, utilizaba su cargo sindical y sus vínculos políticos como cobertura para ingresar cocaína a la provincia por la Ruta Nacional N° 7. Su principal socio comercial era Diego Funes, identificado como líder de un clan familiar que vendía droga en Villa Mercedes desde hacía al menos cuatro años.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se expresó de manera categórica a través de sus redes sociales: “Se le cayó la careta, el curro y la impunidad. A chapear a la cárcel… a ver cómo le va”. La funcionaria acompañó sus palabras con imágenes de los procedimientos y celebró la tarea conjunta entre las fuerzas federales y provinciales.

Más allá del tono político de la declaración, el caso Insúa debe leerse como un ejemplo alarmante de cómo las redes criminales se camuflan bajo estructuras legales —en este caso, sindicales— para operar con libertad. La figura del “delegado del delito” es más que una frase fuerte: representa un fenómeno complejo donde el crimen organizado se articula con sectores protegidos por poder, contactos o silencio institucional.

La Justicia tiene ahora el desafío de sostener una causa sólida, blindada ante posibles presiones o intentos de dilación. Y el Estado, en todos sus niveles, debe revisar con firmeza los mecanismos que permitieron que una organización de este tipo operara durante años en el corazón de la provincia.

San Luis, históricamente fuera del radar nacional en materia de narcotráfico, hoy aparece en las noticias no sólo por las detenciones, sino por las conexiones de estos delitos con estructuras sindicales y políticas. Si la lucha contra el narcotráfico busca ser real y sostenida, no puede limitarse a las capturas. Debe avanzar también sobre las redes de complicidad, los canales de lavado de activos y las protecciones institucionales que permiten que estos actores se muevan con total impunidad.