San Luis (LaNoticia) 14-08-2020. Ayer la jueza Laura Molino sentó un precedente que promueve la censura y la auto censura en los medios de comunicación, ya que condenó con una multa de $90 mil, al periodista Diego Masci, por difundir el video en el que Natalia Spinuzza, manifiesta haber consumido droga y alcohol.
“Es una sentencia que estaba basada en un capricho, en la voluntad vacía, en la ocurrencia de un juez” fue lo primero que dijo Ricardo Endeiza, abogado defensor de Masci. “Acabamos de ver cómo la presunción de inocencia ha sido arrasada por una jueza que ha jurado por la Constitución y que debe respetar los tratados internacionales. Solo se ha encargado de mostrar cómo la libertad de expresión, especialmente para los periodistas y de todos los ciudadanos de recibir información veraz y completa, es una entelequia, una quimera” agregó el letrado, que afirmó que apelará la sentencia.
“La Corte Suprema de Justicia y sino la Corte Interamericana nos van a dar la razón, porque tenemos razón y acá ha habido un arrasamiento de derechos constitucionales. Alguna juez pronta a retirarse ha elaborado todo en base a lo que le dictaron desde Terrazas del Portezuelo, el Gobernador de la provincia” disparó Endeiza contra Lilia Novillo.
Sobre lo imputado en el juicio el abogado defensor dijo “atribuyen todo a nuestra construcción defensiva, primero dijeron que WhatsApp no es una red social, sobre Facebook, que ellos mismo lo habían involucrado, dijeron que no estaba acreditado y respecto a YouTube, que ya era una barrera infranqueable, basado en nada más de público y notorio sin indicar ni la más mínima prueba, ni surgiendo en la pericial, atribuyeron a Diego Masci que lo había subido y eso no está acreditado en ningún lugar”.
Sin dudas el fallo de la jueza, se entromete directamente en la libertad de expresión y prensa, ya que ahora las editoriales, periodistas y comunicadores, deberán tratar las notas con muchísimo cuidado de no provocar a un tercero y este los lleve al banquillo de los acusados por una opinión vertida en un escrito, pese a las garantías constitucionales y tratados internacionales.
En tanto el condenado, Diego Masci fue directo contra la “independencia de la justicia”. “Uno en ningún momento deja de pensar que, a lo mejor, hay un juez con dignidad. Hoy la jueza eligió quedarse en la servilleta. Es una jueza que está pensando seguir en el cargo y si uno le presta atención en los fundamentos de la sentencia, creo que debe haber nombrado al gobernador Rodríguez Saá más veces que Tomasevich cuando daba una nota” manifestó el periodista dando a entender la entidad que le dio la jueza Molino al Gobierno de San Luis.
FOPEA, emitió un comunicado diciendo lo siguiente “más allá del análisis legal que se hará de los considerandos, nos llama la atención que en el fallo no se ponderó la protección especial que la Constitución Nacional le da a la prensa. Creemos que este precedente pone en riesgo al periodismo de San Luis y va a crecer todavía más la autocensura, afectando el derecho a la información del pueblo puntano”.
La preocupación de ADEPA
Al transmitir su preocupación por el fallo, ADEPA recordó que el libre ejercicio del periodismo está amparado por la Constitución nacional y protegido por fallos nacionales e internacionales, inclusive en hechos donde se consideró la intimidad de las figuras públicas.
Citó una sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cual se dejó sin efecto la condena civil impuesta por la justicia argentina a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, de Editorial Perfil, debido a una publicación de 1995 que supuestamente había afectado la vida privada del entonces presidente Carlos Menem.
La entidad, que preside Martín Etchevers, consideró que «la sentencia del tribunal de San Luis debería ser revisada en otras instancias judiciales con base en los criterios y antecedentes nacionales e internacionales, ponderando adecuadamente el derecho a la libertad de expresión, clave para que el debate democrático sea lo más amplio, diverso y vibrante posible».
