El Fiscal Federal del San Luis, Cristian Rachid fue foco de una embestida mediática y legislativa por parte del oficialismo provincial, por la medida cautelar que evita que el gobierno cometa delitos electorales y coarte la voluntad popular.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de San Luis y la Asociación de Fiscales de la Nación, se manifestaron en apoyo al Fiscal Rachid, remarcaron su trayectoria y compromiso con su trabajo y expresaron suma preocupación por la embestida del kirchnerismo de San Luis.

“Todos los comentarios sobre su persona son propios de alguien al que le faltan razones y le sobran expresiones de odio y resentimiento” expresaron desde la APDH, sobre Eduardo Allende, fiscal de la Provincia e hijo de un exjuez condenado por ser cómplice de la dictadura militar.

“Los ciudadanos conocemos las prácticas antidemocráticas de la compra de votos, ayer con chapas, ladrillos, zapatillas y hoy por medio de dinero directamente, subsidios, préstamos y otras denominaciones, al que llaman engañosamente ‘plan de reactivación económica y social’, implementado después de haber perdido las elecciones primarias” señalaron en un comunicado los apoderados de la APDH.

En tanto la Asociación de Fiscales de la Nación, respaldo la labor de Rachid y le exigieron al Gobierno de San Luis que respete la independencia e poderes, “si bien el marco apropiado de planteos son los expedientes que tratan el caso y estos no merecen cuestionamiento alguno, las manifestaciones por fuera del mismo argumentando los modos de su designación dentro del marco institucional que prevé la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y sus normas internas excede y pretenden poner en riesgo su legitimidad la cual, además, ya lleva un considerable lapso como fiscal Federal subrogante en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, sin que hubiera objeción alguna en otros casos ante su conocimiento y actuación”, manifestó la entidad.

En ese sentido, solicitaron a funcionarios y poderes del Estado provincial el “respeto necesario para el desarrollo de la independencia y autonomía que deparan los fiscales conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional”.