La reciente renuncia de la ministra Cecilia Chada al Superior Tribunal de Justicia de San Luis marcó un punto de inflexión en la reconfiguración del poder judicial provincial. Pero no solo por su salida formal del cargo, sino por lo que desató puertas adentro: un visible quiebre en el bloque de jueces identificados con el albertismo, esa estructura política y judicial que durante dos décadas marcó el ritmo institucional de San Luis.

El primero en reaccionar fue el juez Guillermo L’Huillier, quien con declaraciones que rayaron lo confesional, dejó entrever el verdadero entramado de poder que dominó la Corte provincial. «El Alberto nos puso acá para bancar los trapos, no para salir corriendo a la primera de cambio», dijo. Y remató: «Yo soy soldado del Alberto y lo voy a bancar acá en el Superior Tribunal».

¿Puede un juez de la máxima instancia judicial provincial reconocerse como “soldado” de un exgobernador? ¿Puede alguien que debe garantizar imparcialidad y constitucionalidad actuar bajo la lógica de obediencia política? Las respuestas, desde la Constitución y el sentido común, son obvias. Pero en San Luis, donde durante años se normalizó la fusión entre poder político y justicia, esas frases revelan lo que durante tanto tiempo se supo, pero no se decía.

Hoy, L’Huillier está aislado. La renuncia de Chada no fue sólo una salida personal: fue una señal de que el ciclo político-judicial del albertismo está llegando a su fin. La Corte ya no tiene la mayoría alineada con el pasado. Y en un contexto donde los cambios avanzan, los silencios institucionales pesan y el aire político es otro, su posición es cada vez más insostenible.

¿La renuncia de L’Huillier es cuestión de tiempo?. Quizás no se dé hoy ni mañana, pero el proceso ya comenzó. La pérdida de respaldo político, el descrédito público tras sus declaraciones y la renovación del equilibrio de poder en la provincia, lo empujan a un destino inevitable.

Porque cuando un juez se presenta como “soldado” de un jefe político, deja de ser juez. Y cuando la sociedad reclama instituciones independientes, esos vínculos se vuelven no solo incómodos, sino insostenibles.

El Superior Tribunal necesita recuperar legitimidad. Y para eso, debe dejar atrás a quienes usaron el cargo como trinchera política.