La crisis en el Poder Judicial de San Luis no es solo una cuestión de percepción; es una realidad que afecta la confianza de los ciudadanos. Con un preocupante retraso en la resolución de causas judiciales y la falta de estadísticas públicas claras, queda en evidencia la ineficiencia de un sistema que, en lugar de velar por la justicia, parece estar diseñado para la inacción. Miles de expedientes duermen en los tribunales mientras las promesas de modernización siguen siendo solo eso: promesas​

A esta situación se suma un problema aún más grave: la innegable politización de la justicia. Nombres como Eduardo Allende y Lucho Martínez, integrantes del Poder Judicial con claros vínculos con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, levantan sospechas de que este no actúa con independencia, sino como una extensión de los intereses políticos de la vieja guardia. Para algunos, no es coincidencia que estas designaciones dificulten el trabajo del actual gobierno, perpetuando un sistema más enfocado en conservar poder que en resolver los problemas de la gente​

La negativa de jueces y fiscales a someterse a narcotests obligatorios no solo genera dudas sobre su integridad, sino que envía un mensaje de resistencia frente a las exigencias de transparencia del actual gobierno. Este gesto de insubordinación institucional se combina con las permanentes chicanas dirigidas al Ejecutivo, entorpeciendo el diálogo necesario para abordar temas urgentes.

El Poder Judicial parece más comprometido con proteger intereses partidarios que con garantizar una justicia independiente. Las decisiones judiciales parecen responder más a estrategias de obstrucción que a la búsqueda de la verdad, perjudicando tanto al gobierno actual como a los ciudadanos que dependen de un sistema ágil y confiable.

En este contexto, resulta irónico que un poder encargado de impartir justicia actúe como una herramienta de desequilibrio institucional. El problema ya no radica solo en los expedientes acumulados o las estadísticas ausentes, sino en un entramado político que utiliza a la justicia como arma. San Luis necesita una reforma profunda, una que no solo apunte a modernizar procesos, sino que también limpie la carga política que contamina las decisiones judiciales.

Mientras tanto, el ciudadano queda atrapado en un sistema que le da la espalda, donde la justicia no solo es ciega, sino también selectiva y manipulada.