El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto de Ley que apunta a que todos aquellos que tengan bienes en el exterior que no hayan sido declarados realicen un aporte especial para pagar la deuda con el FMI. Los senadores estiman que se puede llegar a recaudar más de 20 mil millones de dólares. Según adelantaron desde el kirchnerismo a Página/12, esta será la primera de otras leyes económicas que presentarán vinculadas al tema. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, este lunes se reunió en su despacho del Senado con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y le solicitó «la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del FdT». El Presidente Alberto Fernández, en tanto, apoyó la iniciativa.
El mandatario compartió en su Twitter una publicación de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en la que expresó que «el Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados. Este Fondo, basado en un estricto sentido de justicia distributiva, contribuirá a la cancelación de la deuda tomada por Mauricio Macri». En diálogo con este diario, cerca del Presidente recordaron que «ya había una iniciativa similar en Diputados», y que «esperan que la ley salga».
El proyecto, firmado por los senadores Anabel Fernández Sagasti; Oscar parrilli; Juliana Di Tullio; José Mayans y Martín Doñate, es acompañado por otro que buscará la modificación de las excepciones al Secreto Bancario, Bursátil y Fiscal y de la Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimiento de la Deuda. Según el primer proyecto los alcanzados por el impuesto deberán realizar un aporte del 20 por ciento de sus bienes no declarados y abonarlo en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35 por ciento.
«Si el Presidente acompaña, como ya manifestó, y tenemos el apoyo de todo el oficialismo, es posible que tengamos el acompañamiento suficiente en Diputados para que pueda salir», arriesgan desde el kirchnerismo en diálogo con este diario. Desde la oposición no tardaron en cuestionar el proyecto y salieron a intentar proteger a los evasores al decir «basta de impuestos». Parrilli aclaró que «estamos abiertos a todos los aportes o sugerencias para mejorar el proyecto, no solo del Gobierno sino incluso de la oposición, siempre y cuando los planteos sean razonables».
«Son dos proyectos, uno reforma la ley de entidades financieras para eliminar el secreto bancario y ampliar la facultad de la Comisión Bicameral de Deuda para que el Estado se pueda enterar quién, cómo, cuándo y dónde están los evasores. Con el segundo, en tanto, se crea el Fondo, que se basará en un impuesto que se va a cobrar a todos los que tengan bienes activos en el exterior y no estén declarados», indicaron en diálogo con este diario desde el bloque oficialista. Al eliminarse el secreto fiscal, puntualizaron, el Banco Central, como ordenador de todos los bancos privados, y la AFIP, se empezarán a notificar y la Bicameral podrá tener atribuciones para investigar.
Los senadores que impulsan la iniciativa expresaron que «un Estado que recibe información financiera o fiscal, en forma tardía, es un Estado bobo que no resguarda los intereses de los argentinos». Además, aclararon que «quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión».
«Lo que estamos haciendo es tratar de cumplir con ese reclamo popular de que alguna vez la paguen los que tienen que pagarla», dijo en diálogo con AM 750, el senador Oscar Parrilli. Luego contó que el proyecto «está inspirado en lo que dijo CFK el 10 de diciembre en Plaza de Mayo cuando habló de que esta deuda la tenían que pagar los que evadieron». En aquel entonces –durante el acto por el Día de la Democracia y los Ddhh junto a Fernández– la vicepresidenta dijo: «ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude. Se habla mucho de que a la Argentina le faltan dólares. No, los dólares de los argentinos se los llevaron afuera«.
Parrilli agregó que «no se tratará de un aporte especial a los ricos, sino a los evasores que llevaron la plata afuera sin pagar impuestos». También comentó que hay más de 400 mil millones de dólares en guaridas fiscales y recordó que la Argentina es el tercer país que tiene más residentes con dinero en guaridas fiscales. Según explicaron los senadores en los fundamentos del proyecto «las acciones propuestas tienen un profundo sentido de justicia social. Quienes contribuirán a fortalecer la soberanía económica de la Argentina son quienes más la han dañado vía la evasión y la fuga de capitales«.
La figura del colaborador
El proyecto establece que habrá beneficios para quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. «Podrán colaborar tanto las personas físicas como entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30 por ciento de lo que se obtenga por la información aportada», resaltaron.
Parrilli aseguró que «hoy el mundo está avanzando en ese sentido porque es una preocupaciones de los gobernantes la cantidad de dinero no declarado que hay en las guaridas fiscales. Entre ellos, Estados Unidos, que en 2019 creó la figura del denunciante. Nosotros tomamos ese ejemplo y creamos la figura del colaborador». En esa línea, la Vicepresidenta conversó con el embajador estadounidense en Argentina. Según contó, allí hablaron sobre temas de interés común como el lavado de dinero, la trata de personas y los derechos humanos. «Le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores oficialistas», puntualizó.
Colaboración internacional
Más allá de la ayuda específica que pidió CFK al gobierno estadounidense, el proyecto expresa que se encomendará al Ministerio de Economía la solicitud de colaboración del FMI en el marco de sus facultades para asistir a la Argentina en las políticas contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos y para cooperar proporcionando información y profundizar su colaboración con la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, en relación al caso de la Argentina e involucrarse en la detección de operaciones ilegales que desvíen fondos a guaridas fiscales.