El riesgo de declarar “personas no gratas” a legisladores por sus votos

En un controvertido episodio que marca la polarización creciente en las universidades y la sociedad argentina, la Universidad Nacional de San Luis ha declarado «personas no gratas» a un grupo de diputados nacionales por San Luis que votaron en contra de la ampliación del financiamiento universitario. Esta medida, que podría entenderse como una expresión de rechazo hacia una decisión política, también abre preguntas inquietantes sobre la libertad de representación y el papel de las universidades en el ámbito político.

La declaración de “persona no grata” es, ante todo, un acto simbólico que, si bien no tiene efectos legales, sí implica una postura de fuerte repudio hacia los legisladores. Sin embargo, ¿Ésta es la mejor manera de manifestar el descontento? O ¿Tiene sentido que una institución de educación superior, dedicada a la formación y al pensamiento crítico, recurra a este tipo de sanciones contra quienes ejercen su derecho constitucional a votar en función de sus principios y de los intereses que representan?

La libertad de los legisladores: el derecho a decidir sin presiones

Los legisladores están llamados a votar conforme a su conciencia, sus principios y, en última instancia, el mandato de sus electores. El sistema democrático y los fueros parlamentarios existen precisamente para garantizar que los representantes puedan votar sin miedo a represalias o presiones, manteniendo la libertad que les permite ser un contrapeso a otros poderes y dar voz a diversas visiones de la realidad. Declararlos “personas no gratas” no solo vulnera este principio, sino que crea un clima de intolerancia que, irónicamente, contradice la misión de la universidad de ser un espacio inclusivo y de respeto a la pluralidad de ideas, en otras palabras, la cultura de la censura o cancelación por pensar diferente.

Es evidente que el financiamiento universitario es un tema crucial. Sin embargo, llevar el debate al extremo de sancionar a quienes no lo apoyaron en su última instancia va más allá de la legítima defensa de los intereses educativos. Este tipo de acciones pone en riesgo la propia misión de las universidades de ser espacios de encuentro, investigación y diálogo plural, más aún si, por cada diferencia política, estas instituciones se convierten en tribunales de valor moral.

La universidad debería cuestionar si esta declaración ayuda realmente a resolver el problema de fondo o si, por el contrario, genera más divisiones y lleva a una politización extrema en la que no hay espacio para el disenso. La libertad de pensamiento y expresión son pilares de la democracia y, en el caso de las universidades, deberían ser también sus valores distintivos. Convertir las universidades en herramientas de presión política puede tener efectos contraproducentes y hasta provocar un aislamiento de las instituciones educativas frente a sectores que se sientan marginados por sus posturas.

Un precedente preocupante

Con esta medida, se abre la puerta a un precedente que podría replicarse en otras instituciones, creando una espiral de descalificación hacia cualquier decisión política que no sea favorable a sus intereses. ¿Será que cualquier legislador que no apoye políticas universales o que tenga un enfoque diferente sobre la asignación de fondos públicos debe temer represalias simbólicas? Este camino lleva a una sociedad cada vez menos tolerante y menos capaz de sostener debates genuinos y constructivos.

La universidad y los legisladores tienen un deber compartido de trabajar por el bien común, pero esto solo será posible en un marco de respeto y reconocimiento de las funciones que cada uno ejerce en su ámbito. Castigar a quienes piensan diferente o toman decisiones incómodas no solo limita la libertad política de los representantes, sino que también convierte a la universidad en un actor que margina a aquellos con opiniones disidentes.

Fueros, una materia que deberían leer en el Consejo Universitario

Los fueros parlamentarios son una garantía constitucional que protege a los legisladores en el ejercicio de sus funciones. En Argentina, estos fueros están establecidos en la Constitución Nacional y tienen como objetivo asegurar que los representantes del pueblo puedan desempeñar su labor sin temor a represalias o presiones externas.

Estas protecciones incluyen la inmunidad de opinión y de voto, de modo que los legisladores no puedan ser perseguidos o censurados por las posturas que asuman en el ámbito de sus responsabilidades.

 Esta protección es fundamental para la democracia, ya que les permite a los parlamentarios votar y expresarse libremente, representando a sus electores sin condicionamientos que limiten su independencia.

 La declaración de “persona no grata” por parte de instituciones como las universidades, aunque simbólica, puede ser vista como una amenaza indirecta a estos fueros, ya que cuestiona la libertad de los legisladores para actuar conforme a su criterio, sin someterse a presiones de otros actores.

La libertad de cátedra

Así como los legisladores tienen el derecho constitucional a la libertad de expresión y a los fueros parlamentarios para proteger sus decisiones y opiniones, también deben respetar la autonomía y la libertad de pensamiento de otros actores en el ámbito educativo y social.

Los diputados no pueden, en su rol, instar ni fomentar que estudiantes o cualquier otro grupo realicen actos de hostigamiento, como escraches, hacia docentes o miembros de la comunidad académica por sus posiciones políticas o ideológicas.

La libertad de cátedra, es decir, el derecho de los docentes a expresar y enseñar desde su propio marco de pensamiento, es también un valor fundamental en una sociedad democrática. Cualquier intento de los legisladores de influir en esta independencia académica podría ser visto como una violación de los principios de tolerancia y pluralidad que definen a una democracia y a un sistema educativo libre.