La Fiscalía dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles por presunta corrupción en San Luis: solicitó llevar a juicio oral a ex ministros del gobierno de Alberto Rodríguez Saá y a intendentes del interior, con pedidos de hasta cinco años de prisión efectiva por un supuesto esquema de desvío de fondos públicos.

El requerimiento fue presentado por la fiscal Linda Maluf, quien apuntó contra los ex funcionarios Luciano Anastasi, Ernesto “Pipi” Alí y Claudio Latini, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali.

Según la acusación, todos habrían integrado un esquema deliberado para desviar fondos destinados a obras públicas que nunca se ejecutaron, generando un perjuicio económico al Estado superior a los 35 millones de pesos.

La hipótesis fiscal sostiene que el mecanismo se repitió en distintas localidades: firma de convenios para refacciones de dependencias policiales, transferencias millonarias sin control, ausencia total de ejecución de obras y, finalmente, rescisión de contratos sin rendición de cuentas antes del cambio de gestión.

“No fueron irregularidades administrativas, sino maniobras con intencionalidad”, planteó la fiscal, quien describió el accionar como “impune y corrupto”. En ese sentido, remarcó que en varios casos ni siquiera existían avances de obra ni documentación que justificara el uso de los fondos.

Uno de los focos está puesto en convenios firmados en La Toma en 2022, cuando Alí era intendente, donde se giraron más de 20 millones de pesos para obras que —según las inspecciones posteriores— no fueron iniciadas. Situaciones similares se detectaron en San Francisco del Monte de Oro y en Cortaderas, con contratos millonarios y resultados prácticamente inexistentes.

Para la Fiscalía, el patrón es claro: “firma deliberada de contratos, desembolsos sin control, inexistencia de avances y rescisión sin rendición”. Un esquema que, según la acusación, contó con la connivencia entre funcionarios provinciales e intendentes.

El encuadre legal incluye fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso real.

En cuanto a las penas, el Ministerio Público Fiscal solicitó cinco años de prisión para Latini; cuatro años y seis meses para Anastasi; y cuatro años para Alí, Canali y Vivas, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En el caso de Latini, se sumó como agravante una condena previa por peculado dictada en 2025 —aún no firme—, que para la Fiscalía evidencia una conducta reiterada.

La causa ahora se encamina a la audiencia de control de acusación, instancia clave donde se definirá si el expediente avanza a juicio oral. De confirmarse, será un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner bajo la lupa a ex funcionarios del ciclo político de Rodríguez Saá.