La Cámara Federal de Casación Penal, con fecha 22 de febrero, confirmó la condena de 12 años de prisión para el entonces juez federal de San Luis, Eduardo Francisco Allende, como partícipe secundario en todos los hechos por los que fue condenado en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad, que se realizó en San Luis desde el 19 de octubre de 2018 al 10 de mayo de 2019.

Si bien los recursos interpuestos por la fiscalía Federal de San Luis y la querella APDH solicitaban una condena a cadena perpetua, el tribunal se limitó a rechazar ese pedido y confirmar los 12 años de prisión.El fiscal Federal de San Luis, Cristian Rachid, destacó que la relevancia de la decisión tomada por casación es “justamente que se trata de la segunda sentencia en casación que confirma que Allende fue partícipe en todos los crímenes cometidos por el aparato local”.

Además, remarcó que “con las dos sentencias, una de condena y otra confirmatoria, el mensaje que se manda a la población y sobre todo al poder es sumamente importante, en términos de prevenir delitos cometidos por el Estado que son de los más graves y que son las violaciones a los derechos humanos”.

El condenado por delitos de lesa humanidad, que en tiempos del terrorismo de Estado era el juez federal de San Luis, desde el año 2018, cumple prisión domiciliaria a razón de su edad.Además, la Cámara Federal de Casación Penal que integran la jueza Angela Ledesma (presidenta) y los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, resolvieron la absolución “parcial” por el delito de asociación ilícita, de los ya condenados en el tercer debate, Jorge Omar Caram (médico policial) a 6 años de prisión, y Alberto Eduardo Camps (ex teniente de Ejército) a 7 años y 6 meses. Tanto Caram como Camps cumplieron sus condenas en 2022 y 2023, respectivamente.

La causa caratulada “Allende, Eduardo Francisco y Otros”, engloba 30 hechos de privaciones agravadas de la libertad, de las cuales16 duraron más de un mes; 18 hechos de tormentos agravados y 6 homicidios. Entre estos últimos, las desapariciones forzadas de Domingo Hildeyardo Chacón, Santana Alcaráz, Pedro Ledesma, y los asesinatos de Raúl Sebastián Cobos, Graciela Fiochetti y Vicente Rodríguez.En relación a la complicidad de la justicia federal por los crímenes de lesa humanidad el fiscal Rachid destacó que San Luis y Mendoza “siguen siendo los que han logrado llegar más lejos.

Mendoza con una sentencia de mayor profundidad en términos de responsabilidad porque se determinó que los jueces y el fiscal de la época de los hechos, fueron participes necesarios, lo que implica que les toca la misma pena que a los autores materiales, es decir, prisión perpetua. En San Luis lo que dispuso el TOF por mayoría, es que la responsabilidad del juez Allende era la de un cómplice secundario, esto hace que la pena sea menor a la de los autores, por eso obtuvo una pena de 12 años de prisión”.

Además destacó que el dictamen “sienta precedentes muy importantes porque el día de mañana, cualquier acción criminal de un grupo, ya sea estatal o no, que cuente claramente con una inacción judicial, que sea sistemática y reiterada en el tiempo, puede convertirlo a ese funcionario judicial o a cualquier miembro del poder ni más ni menos que en cómplice y partícipe en los mismos hechos, con las penas correspondientes”. Para Rachid, la disposición de casación invita a reflexionar a “quienes estamos en posiciones de poder, tengamos una responsabilidad a la altura de las prerrogativas que tenemos para ejercer el cargo, así que en ese sentido me parece un mensaje muy positivo”.

Informe: Belén Dávila