Una caución de 10 millones de dólares y la prohibición de salir del país fueron los ejes de la resolución del juez Román Lanzón para los 14 imputados por estafa en la causa Vicentin. Los acusados conformaban el directorio de la empresa al momento de la cesación de pagos, en 2019, y el fiscal Miguel Moreno había pedido la prisión preventiva para cinco de ellos, más la colocación de una tobillera para el ex presidente del directorio, Daniel Buyatti. El juez rechazó el planteo pero reconoció la carga de la evidencia reunida, por lo que resolvió medidas alternativas sobre los acusados para asegurar el proceso, ya que entiende que los elementos reunidos están cautelados en la investigación que calificó como «contundente».

La audiencia comenzó el martes con las imputaciones a los 14 directivos por «maniobras de exhibir balances falsos con estados contables donde no se registraban los pasivos que correspondían a deudas que tenía Vicentin con los productores granarios». 

Según indicó la acusación del fiscal, «Vicentin tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida, que es lo que tenía que pagarle al productor». Además, les imputó «emitir certificados de cumplimiento falsos con adulteración de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente».

Tras el cuarto intermedio para analizar las evidencias, ayer la defensa rechazó las acusaciones de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. También pidió la prescripción del delito de balances falsos -2017 y 2018-.  

Tras ello, Moreno basó su pedido de prisión preventiva en el entorpecimiento probatorio y el peligro de fuga en los casos de Omar Scarell (actual presidente), Roberto Gazze, Alberto Macua (ex vicepresidente), Miguel Valazza y Javier Gazze, mientras que para Daniel Buyatti (ex presidente), imputado también por el delito de apropiación indebida de tributos, solicitó la colocación de una tobillera; y para el resto del directorio que conformaba la agroexportadora, pidió la prohibición de salir del país.

El fiscal planteó que «en función de la magnitid de la pena en expectativa, si bien no intentaron sustraerse de la acción de la justicia, se quedaron pero no para estar a derecho, sino porque no había forma de ocultar todo lo que intentaron ocultar si no estaban». Y leyó escuchas para dar cuenta de ello, muchas de las cuales tenían como interlocutor a Scarell -antes síndico y actual presidente-, durante el período de concurso, con menciones a firmas de documentación, modificación de datos. 

Incluso, en una de las escuchas es mencionado Gustavo Shanahan, quien fue titular de Terminal Puerto Rosario (TPR) y semanas atrás quedó detenido por lavado. La evidencia incluyó una cadena de correos electrónicos «sobre la justificación que le podían encontrar al destino de los fondos a la venta Renova».

Moreno también detalló: «Hablamos de una situación pergeñada desde la empresa» que «se mostraba como sólida y confiable, donde sus representantes se presentaban como personas de prestigio y esto los llevó a ocupar lugares destacados». Testimonios leídos por el fiscal, como evidencia en la causa, planteaban que parte del ardid tuvo que ver con que «algunos de los integrantes ocupaban lugares de prestigio para reforzar la idea de una empresa familiar compuesta por personas íntegras y confiables. Alberto Padoán (no está imputado) que fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, o Gustavo Nardelli, como precandidato a gobernador (en 2019) y que Vicentin se coloca como principal aportante de la campaña de (Mauricio) Macri».

Tras la audiencia, el fiscal señaló: «El juez reconoció el peligro de entorpecimiento pero los hechos que trajimos para acreditarlo datan de meses atrás, y entiende que no procede la prisión preventiva. En ese punto, podemos estar en desacuerdo pero lo cierto es que se impuso caución por un valor alto. Evaluaremos si vamos a apelar o si vamos a presentar la acusación para avanzar». Al mismo tiempo dijo que el magistrado le «dio la derecha a la posición de la fiscalía por entender que la atribución de los hechos está fundada y usó el adjetivo ‘contundente’. Eventualmente, la pena sería de prisión efectiva», dijo. 

Moreno también aclaró que el delito de balance falso está acreditado, ya que «jugaba como el ardid mediante el cual se logró la estafa en el caso de los bancos internacionales, porque no se consignaba que Vicentin debía el previo de los granos que había recibido de los productores en la modalidad de precio a fijar. Que no sea perseguible penalmente, no hace desaparecer el hecho», aclaró sobre la resolución de hacer lugar a la falta de acción por el transcurso del tiempo.

En la imputación a los ex directivos de Vicentin que formuló el fiscal Moreno en la sesión del último martes, había señalado que «a través de falsedades en los balances, fue ocultada una venida a pique de la empresa desde el año 2017 (…). Era el ocultamiento de una decadencia económico financiera», aseguró en aquel escrito.

Moreno señaló que «el monto total del perjuicio que tenemos relevado (por el delito de estafas) oscila en 600 millones de dólares». La cesación de pagos afectó a productores de granos, acopios y bancos.