San Luis enfrenta por estos días una instancia clave en una de las investigaciones judiciales más importantes del año. La Justicia Federal está a punto de definir si los doce imputados por integrar dos organizaciones narcocriminales seguirán detenidos con prisión preventiva o si accederán a medidas alternativas como la excarcelación o la eximición de prisión.

Los sospechosos fueron detenidos el pasado 21 de mayo, en el marco de una megacausa que reveló el funcionamiento de dos estructuras dedicadas al tráfico de cocaína en Villa de Merlo y Villa Mercedes. La investigación se extendió por más de seis meses, y según el juez federal Juan Carlos Nacul, las pruebas obtenidas son “contundentes y coherentes”, con elementos suficientes para acreditar la existencia de una red transnacional delictiva, el dinero que generaba, su funcionamiento interno y la cantidad de droga que comercializaban.

La situación procesal de los acusados —que se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial— debe definirse esta semana, al cumplirse los diez días hábiles que establece el Código Procesal Penal tras las indagatorias. Algunas defensas ya solicitaron medidas de morigeración, especialmente en el caso de mujeres imputadas con hijos menores a cargo, lo que abre un debate inevitable entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la protección de la infancia, frente a la gravedad del delito imputado.

La magnitud del operativo, que incluyó más de 30 allanamientos, dejó al descubierto no sólo el funcionamiento aceitado de las bandas, sino también un importante caudal económico: se incautaron más de 6,8 millones de pesos, 2.800 dólares, euros, reales, y se esperan 15 mil dólares secuestrados en la Ciudad de Buenos Aires. También se decomisó cocaína en distintas cantidades que está siendo resguardada por orden judicial.

Tanto el juez Nacul como la ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa, coincidieron en destacar el trabajo coordinado entre la Justicia, la Policía y el Gobierno provincial. “Estas son pequeñas batallas en una guerra mayor contra el narcotráfico”, sostuvo el magistrado. La funcionaria, por su parte, remarcó que existe una decisión política clara del gobernador Claudio Poggi de enfrentar este tipo de delitos con firmeza, fortaleciendo las estructuras del Ministerio de Seguridad para que “caiga quien caiga”.

Los próximos días serán decisivos. No sólo por lo que se resuelva en torno a la libertad o detención de los implicados, sino también por lo que implican estas decisiones como mensaje institucional. La lucha contra el narcotráfico no admite señales débiles. Y es en estos momentos donde se mide, verdaderamente, la voluntad del Estado de sostener con hechos una política criminal coherente, eficaz y respetuosa del debido proceso.