El escándalo por corrupción en la gestión del albertismo suma un nuevo capítulo. La ex funcionaria Anabela Lucero y su pareja, el actual diputado Joaquín Beltrán, fueron citados a indagatoria por el vaciamiento del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música en Villa Mercedes.
Delitos imputados:
El fiscal de Instrucción, José Olguín, les imputó los delitos de:
- Robo calificado por poblado y en banda
- Peculado
- Defraudación a la administración pública
La citación también alcanza a otros funcionarios y empleados vinculados a la gestión del complejo:
- Enzo Fabricio Lucero (hermano de Anabela)
- Exequiel Alberto Scarel (jefe de Eventos)
- Diego Emanuel Torres (coordinador de Teatro)
- Mariela Anahí Dutto
- Sebastián Alberto Fernández
Hechos investigados:
La denuncia expone que entre el 8 y 9 de diciembre de 2023, días previos al cambio de gobierno, se sustrajeron equipos y bienes del Estado utilizando vehículos oficiales, entre ellos una Toyota Hilux y un Citroën Berlingo. Los objetos fueron trasladados a un taller privado de montajes industriales, Tecmetal SRL, en la Autopista de las Serranías Puntanas.
Además:
- Se desconectaron las cámaras de seguridad para ocultar el delito.
- Empleados fueron obligados a trasladar alimentos a una sede partidaria de Lucero.
- Se detectó el traslado de bolsas negras tipo consorcio al basural.
- Faltantes de legajos, computadoras y mobiliarios el día posterior al cambio de gestión.
Uso indebido de recursos públicos:
La investigación revela que Anabela Lucero vivió junto a su familia en las suites del complejo, destinadas originalmente a artistas, con todos los servicios pagos por el Estado.
Además, se detectó un manejo irregular de fondos:
- Más de 1.061 millones de pesos administrados por el complejo entre enero y noviembre de 2023.
- Un gasto mensual aproximado de 100 millones de pesos sin justificación clara.
Próximos pasos:
Los acusados deberán presentarse a declarar el 21 de febrero a las 9 horas, ante el juez de Garantía N°4, Santiago Ortiz. Se espera que la causa avance rápidamente, ya que se trata de una de las denuncias más contundentes en el marco de las irregularidades detectadas en la gestión del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Este caso podría convertirse en otro hito judicial en la lucha contra la corrupción en San Luis, sumándose al juicio pendiente contra Claudio Latini, ex ministro de Seguridad.
