El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende, respondió a la solicitud del juez José Luis Flores con una carta que, bajo una capa de formalidad, parece más bien una clase magistral de burocracia, tiempos legales y, sobre todo, un mensaje claro: «Esto no es tan fácil como parece, y tampoco estamos tan entusiasmados».

En primer lugar, Allende recuerda que la Ley de Ejemplaridad y Coherencia aún no está operativa debido a que requiere su reglamentación, para la cual hay un plazo de 60 días. En otras palabras, «gracias por la iniciativa, pero vamos a esperar cómodamente a que los engranajes burocráticos se muevan antes de hacer algo».

Luego, y con una sutileza que roza la ironía, le sugiere al juez Flores que, si tanta paz espiritual necesita, puede someterse al narcotest en un laboratorio privado y darle la publicidad que desee. Una elegante manera de decirle: «si estás tan apurado, hacelo por tu cuenta, pero no nos apures ni esperes que el sistema reaccione con tu mismo entusiasmo».

Pero lo más interesante viene con la referencia a la Ley Nacional Nº 25.326, que protege los datos sensibles. Allende recuerda que la adicción es una enfermedad según la OMS y recalca que los resultados del narcotest, en el caso de aplicarse, deben manejarse bajo estrictas reglas de confidencialidad. Esto no solo refuerza la complejidad del proceso, sino que también deja entrever una postura del Superior Tribunal: la defensa de los jueces que no quieran someterse al narcotest será férrea. La mención de estas garantías parece un mensaje sutil para quienes se oponen a esta medida: «No se preocupen, tenemos herramientas legales para protegerlos».

La carta, al final, parece más una declaración institucional que una respuesta personal al juez Flores. Deja claro que, si bien la legislación existe, el sistema judicial no está dispuesto a entregarse fácilmente a este tipo de controles. Es un «sí, pero no», o mejor dicho, un «sí, pero vamos a usar todos los recursos legales para proteger a quienes prefieran no someterse».

Mientras tanto, el juez Flores queda con una invitación a jugar solo en su cruzada simbólica, mientras el resto de la maquinaria judicial parece más ocupada en cuidar sus propios intereses que en tomar medidas concretas para recuperar su tan mencionado «prestigio». Porque, al final, en esta disputa, la coherencia parece tan ausente como la ejemplaridad que la ley prometía promover.