La Campaña Nacional por el Derecho al Abortó exigió la “urgente” sanción de la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, en el marco del día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, que se celebra este lunes con acciones a nivel global. “No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir. Este 2020, Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados: ¡EXIGIMOS ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO YA!”, exhortó la Campaña, que articula más de setecientas organizaciones de mujeres, LGBTTI, de derechos humanos, políticas, y sociales de todo el país.

Este año no habrá movilizaciones en las calles, como ya adelantó este diario: desde la Campaña se acordó no convocar a marchar por el contexto de pandemia por coronavirus, para prevenir la posibilidad de contagios de la covid-19. El pañuelazo será virtual, a partir de las 18.

El envío de un proyecto de ley de IVE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, quien lo ratificó en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo. El texto, repiten en Gobierno, ya está listo, pero AF no quiere enviarlo en el medio de la pandemia.

Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo”, expresó la Campaña, a través de un comunicado de prensa, en el que exhorta a “las y los decisores políticos a que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de IVE”.

El proyecto de la Campaña, que se volvió a presentar el año pasado por octava vez, tiene estado parlamentario. Pero los escenarios para su aprobación, como señaló este diario, se vuelven dilemáticos.

“En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios. Las presas por abortar sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión. Sin contar con la atención adecuada, son sometidas a maltratos por profesionales de la salud que actúan en complicidad con agentes de la Justicia, la policía y los medios de comunicación”, señaló la Campaña.

En este contexto de emergencia sanitaria “se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva”, advierte el pronunciamiento. “Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario”, dice el texto.

“La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse. Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo”, exhortó la Campaña.