El próximo lunes comenzará el juicio oral contra la ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, acusada de haber direccionado fondos públicos en beneficio del San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía.
El debate se desarrollará del 16 al 20 de marzo ante un Tribunal integrado por Fernando De Viana (presidente), Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso (vocales).
Ramírez llega al banquillo imputada por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, solicitó cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Será la segunda funcionaria del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en enfrentar un juicio oral por corrupción. El antecedente inmediato es la condena al ex ministro de Seguridad Claudio Latini, quien recibió pena por peculado tras comprobarse que trasladó bienes del Estado a su domicilio particular en Juana Koslay durante los últimos días de la gestión anterior.
Rodríguez Saá, citado como testigo
Entre los testigos convocados figura el propio ex gobernador, propuesto por la defensa de Ramírez.
Su declaración se vincula al subsidio otorgado al San Luis Fútbol Club que permitió la compra de un colectivo, uno de los ejes centrales de la causa. Durante su mandato, Rodríguez Saá firmó el decreto que habilitó la transferencia de fondos para concretar esa operación.
En la lista de testigos también aparecen el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo (también imputado en otra causa), el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo, ex funcionarios del área de Deportes, interventores del club y peritos que participaron en la tasación del vehículo.
En las últimas horas trascendió que el ex mandatario estaría evaluando un viaje al exterior durante los días del juicio, lo que podría complicar su comparecencia en Tribunales.
Las maniobras bajo la lupa
La acusación fiscal se centra en dos hechos principales.
Por un lado, 188 transferencias de fondos públicos que habrían sido destinadas al San Luis Fútbol Club, creado en 2022 y presidido por la propia Ramírez. Según la investigación, el dinero fue utilizado para cubrir gastos operativos del equipo: transporte, alojamiento, indumentaria y equipamiento.
El segundo punto es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018, adquirido mediante un subsidio estatal de $290 millones.
La tasación oficial determinó que el valor real del micro era de $114 millones, lo que implicaría un sobreprecio de $175 millones.
Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la ex funcionaria utilizó su doble rol —como secretaria de Deportes y como presidenta del club— para direccionar recursos públicos hacia una entidad privada bajo su conducción.
El juicio no sólo pondrá en análisis la conducta de una ex funcionaria. También volverá a exponer el manejo de fondos durante la última etapa del gobierno provincial anterior y podría abrir interrogantes políticos más amplios según lo que surja de las declaraciones testimoniales.
Si querés, puedo prepararte una versión más punzante tipo columna de investigación, donde se analice el patrón de causas que involucran a ex funcionarios del rodriguezsaísmo y el impacto político que puede tener este juicio en San Luis.
