La Fiscalía de Instrucción N° 1 imputó a la periodista Gloria Velázquez por el presunto delito de defraudación en perjuicio de la administración pública provincial. La acusación fue impulsada por el fiscal Francisco Assat y el fiscal adjunto Juan Pablo Estopiñán, quienes sostienen que la imputada habría percibido durante casi tres años una doble remuneración, en el ámbito provincial y nacional, en violación al régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución de San Luis.

Según la teoría del caso, Velázquez firmó el 9 de diciembre de 2019 un contrato con el Poder Ejecutivo provincial declarando bajo juramento no poseer otro cargo remunerado en la administración pública. Sin embargo, el 17 de marzo de 2020 asumió como directora de LRA 29 Radio Nacional San Luis, sin informar dicha designación al Gobierno provincial.

Para la Fiscalía, ese ocultamiento habría constituido un “engaño idóneo” que le permitió continuar percibiendo haberes provinciales mientras ejercía funciones nacionales, lo que —según indicaron— generó un perjuicio económico al erario público que en los últimos salarios alcanzaría hasta 800.000 pesos. Además, señalaron que también habría facturado a la empresa estatal San Luis Televisión por un programa propio.

Entre las pruebas mencionadas se encuentran la denuncia inicial, el contrato con declaración jurada, el decreto de homologación, actas de Radio Nacional, informes de AFIP con facturación emitida y liquidaciones salariales. También anticiparon la realización de una pericia contable para determinar la cuantía del presunto daño.

Medidas cautelares por 120 días

La audiencia de formulación de cargos se realizó ante la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, quien tuvo por formalizada la investigación con calificación legal provisoria en los artículos 174 y 172 del Código Penal.

A pedido del Ministerio Público Fiscal —con adhesión de Fiscalía de Estado— la magistrada dispuso medidas cautelares por 120 días: la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados y la prohibición de salida del país.

En el plano patrimonial, ordenó la inhibición general de bienes por el mismo plazo, con el objetivo de resguardar un eventual decomiso y asegurar la reparación del daño al Estado. También se librarán oficios a los registros de la propiedad y automotor, y a Migraciones para efectivizar la restricción.

La postura de la defensa

La defensa de Velázquez, a cargo del abogado Alfredo García Garro, rechazó la existencia de dolo y sostuvo que su representada actuó bajo “un desconocimiento pleno” respecto de la supuesta incompatibilidad.

Argumentó además que no se desempeñaba como funcionaria pública provincial sino como asesora, y que su único cargo funcional era en el ámbito nacional como directora de Radio Nacional. En esa línea, adelantó que la estrategia estará centrada en demostrar que no existió ardid ni engaño para obtener un beneficio indebido.

No obstante, la defensa informó que no se opondrá a las medidas de coerción y señaló que la imputada atraviesa un delicado estado de salud que le impediría ausentarse de la provincia salvo por razones médicas debidamente justificadas.

La causa continuará en etapa investigativa mientras se avanza en la producción de prueba y la determinación del eventual perjuicio económico.