San Luis (LaNoticia) 07-06-16. Presentando siete puntos que configuran agravios, Salomón se presentó ante la Cámara del Crimen Nº 2 para cuestionar la prisión preventiva de Lorenzetti.
Haciendo reserva de recurrir a niveles más altos del sistema judicial, en caso de la negativa a su planteo, Carlos Salomón -defensor del ex marido de la víctima, Diego Lorenzetti- se centró en siete cuestiones irregulares del proceso en el que se investiga el asesinato de Romina Aguilar.
Salomón pide que la Cámara fije posición con respecto a la resolución del fiscal Ricardo Roche, quien increíblemente habló de “presentación extemporánea” el pedido de revocatoria de prisión preventiva presentado por el defensor de Lorenzetti en el juzgado de Cadelago Filippi. Es evidente un total desconocimiento del Derecho por parte de Roche, cuando cualquier alumno de preuniversitario de Derecho sabe que cualquier elemento nuevo que dé por tierra los argumentos de un procesamiento y su posterior prisión preventiva, es causal de dejar sin efecto dichas medidas. Ergo, salvo para Roche, lo “extemporáneo” no sirve para medidas no firmes.
En el segundo punto, Salomón pide que se declare la nulidad de la declaración indagatoria de Diego Lorenzetti del 2 de marzo pasado y de todo acto que fuera su consecuencia, sosteniendo básicamente que la indagatoria del brasilero De Oliveira no puede ser usada contra ningún actor, por aquello de que nadie está obligado a declarar en su contra ni en contra de posibles coautores de un hecho. Pero más importante aún es que, según Salomón, a Lorenzetti no se le dio a conocer detalladamente de qué se lo acusaba y cuáles eran las pruebas en su contra, algo que la (In)Justicia de San Luis no realiza en casi ninguna indagatoria y que lamentablemente ya se lo ha casi institucionalizado. Esta es la prueba de aquello que en San Luis es ilegal, pero de tanto repetirlo, intentan hacerlo pasar como legal o normal.
En otro punto, le pide a la Cámara un expreso pronunciamiento sobre el intento preocupante de Cadelago Filippi de hacer pasar por prueba fehaciente la declaración del policía Franco Rosales, quien mencionó fuentes anónimas, sin siquiera saber si existen en realidad o son un invento policial. Asimismo sobre la confesión de Edivaldo de Oliveira Pereira y las escuchas o información de mensajes de texto; las que se pretende hacer pasar como base probatoria. En este punto, Salomón también cuestiona que Cadelago Filippi hable de base probatoria, sin detallar a qué se refiere, otra irregularidad que pretenden hacer pasar por `normal´ los muchachos de la Corpo Judicial.
También ataca la decisión de Cadelago Filippi de insistir en no darle crédito a la declaración del taxista, quien aseguró que De Oliveira y Cristina Vilchez intentaron contratarlo para que los llevara a cometer el asesinato de Romina Aguilar, y que se quedara tranquilo porque la plata la ponía supuestamente Alberto Leyes y si algo salía mal, había que echarle la culpa a Diego Lorenzetti.
Como quinto punto, plantea la insanable nulidad del sumario policial por afectar las garantías constitucionales. Allí arremete nuevamente contra el policía Franco Rosales y emprende nuevamente contra Cadelago Filippi por no haber comenzado la investigación que Salomón pidió respecto del mecánico `Chuki´ como datero policial, quien sabía lo que iba a hacer la policía, varios días antes de desarrollados los hechos.
En el próximo punto, el penalista da un detallado informe sobre lo realizado -y también lo que no hicieron- por los jueces Virginia Palacio Gonella en primer término y por Cadelago Filippi a posteriori, en sesenta días hábiles. Allí resalta la inexplicable actitud de ambos jueces de no ordenar allanamientos inmediatamente después de tener los nombres de los sospechosos de haber cometido el delito. En ese sentido, detalla que De Oliveira se entregó el 29 de febrero y que a Vilchez lo detienen el 1 de abril; y que los allanamientos se ordenan recién tres meses después, con resultados obviamente negativos. Por la inacción de Palacio Gonella y de Cadelago Filippi, no se pudo secuestrar el arma con la que se cometió el asesinato, no se pudo secuestrar la ropa usada por los presuntos autores materiales, y mucho menos obtener ADN que esclareciera el caso.
Por último, Salomón pidió a la Cámara del Crimen Nº 2 que se disponga el inmediato cese de la prisión preventiva de su cliente, Diego Lorenzetti.
Carlos Rubén Capella
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