Organizaciones exigen que se haga justicia por el crimen de la líder indígena. El mexicano, Gustavo Castro Soto, indicó en una carta que el Gobierno de Honduras está preparando argucias, para decir ante la opinión pública que el asesinato de Berta se debió a conflictos internos.
El testigo del asesinato de Berta Cáceres, el mexicano Gustavo Castro Soto, denunció en una carta que el Gobierno de Honduras sigue preparando sus argucias, para decir ante la opinión pública que el crimen de la líder indígena se debió a conflictos internos, aún «cuando hay demandas contra quienes la habían querido asesinar».
Señaló que sólo quieren indagar lo interno del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) «para despedazarlo y acabar con una de las principales luchas de Honduras en los últimos 20 años».
Agregó que los sicarios saben que no murió y estarán dispuestos a cumplir con su tarea, por lo que advirtió que su vida no deja de correr peligro y eso es algo que el Gobierno hondureño no quiere ver, «intentando todavía hasta el día de hoy retenerme, para controlar la información de mis declaraciones», incluso le han proferido amenazas si se va a Tegucigalpa, capital del país.
«Mis declaraciones les estorban para culpar a quienes quieren meter a la cárcel. No escuche carros llegar ni irse cuando el asesinato; el escenario del crimen fue modificado y alterado; las pruebas de sangre y otras dejaron líneas en blanco, que luego pueden ser alteradas; mandan a declarar a la mayoría a gente del Copinh y no a los sospechosos, tiempo atrás de estar intentando asesinar a Berta», explicó en su misiva.
Además, mencionó la mala atención que recibió de parte del Estado: no había podido cambiar su ropa llena de sangre, le retuvieron la maleta, no probó alimentos hasta hoy, porque estaba respondiendo preguntas, haciendo test y cuanta cosa se les ocurrió. «Parece que se les olvida que soy víctima y que durante 48 horas no cerré los ojos, sin descansar, atendiendo sus diligencias» expresó.
Y denunció que cuando le pidieron que identificara a los responsables del crimen, lo pusieron a ver fotos y videos de las marchas del Copinh, pero no le han mostrado «las caras de los dueños de las empresas o sus sicarios».
Asimismo, informó que la Fiscalía le solicitó que se quedara para ayudar en la reconstrucción de los hechos.
«Espero que sea lo último que me pide este Gobierno, porque aunque no quisiera están tentados a retenerme preventivamente, porque soy el único testigo», señaló.
Advirtió que el asesinato de la líder podrá significar para muchas empresas e intereses, la oportunidad para avanzar sobre sus territorios pero la lucha del Copinh seguirá.
En contexto
La líder indígena y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue asesinada en la madrugada del jueves, por parte de sujetos desconocidos en el interior de su vivienda, ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país.
Berta Cáceres había denunciado una semana antes de su muerte el asesinato de cuatro dirigentes indígenas de la comunidad lenca.
Fue una de las fundadoras en 1993 del Copinh, y por su lucha en defensa de los recursos naturales, en el occidente de Honduras en 2015, fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman.
Berta Cáceres, un ser surgido de la tierra, el agua y el maíz
Por Aníbal Gutiérrez *
Fue una auténtica líder social. Era pensamiento y acción al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Fue la voz que sacó de los libros de texto y trajo hasta la actualidad la realidad que vive el pueblo lenca en el oeste de Honduras, la más pobre y violenta de ese país.
Era una mujer reconocida internacionalmente por su oposición sin dobleces a los proyectos de «desarrollo» que no consultaban a las comunidades.
Así fue como su lucha contra los proyectos de construcción de hidroeléctricas y minería le acarreó la oposición de aquellos que no están acostumbrados a tener inconvenientes para poner en marcha lo que deciden.
En el año 2011 el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca, fue entregado para la construcción de una represa hidroeléctrica. Para esa obra se asociaron una constructora hondureña, perteneciente a una prominente familia local, con una empresa china y organismos internacionales y regionales de crédito.
La oposición encabezada por Berta fue frontal, y la agudización del conflicto provocó la muerte de tres indígenas de la zona, así como múltiples amenazas para su persona.
A pesar de esto el proyecto siguió andando, y la oposición indígena también. En una protesta en una carretera el pasado 20 de febrero fue amenazada por última vez. La paciencia parece que se iba acabando y las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no alcanzarían.
La noche del miércoles 2 de marzo hombres armados entraron en la casa de Berta. La mataron de cuatro tiros, y así apagaron la voz que durante más de 20 años gritó por los derechos de su pueblo, de las mujeres y el respeto por el medio ambiente. La seguridad que el Estado estaba obligado a brindarle no estaba presente.
La situación de violencia e impunidad en Honduras es insostenible, y el uso ilegítimo de la fuerza por los organismos de seguridad en complicidad con estructuras de crimen organizado cada vez más frecuente.
Es por esto que hace pocas semanas la OEA firmó un acuerdo para la instalación de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que tiene por objeto colaborar con la Justicia local en la investigación de casos «emblemáticos» y de «alto impacto». Este debería ser el primer caso a abordar por el ente internacional. La sociedad hondureña, y sobretodo Berta, lo merecen.
El año pasado, al recibir un importante premio internacional por su lucha en la defensa del medio ambiente dijo que el pueblo lenca era custodio ancestral de los ríos y que dar la vida por la defensa de los ríos era dar la vida por el bien de la humanidad.
Fue una auténtica defensora de su pueblo, de esas que solo se defendían con su voz y que nunca pudo ser comprada ni por el dinero de las grandes empresas, ni por el del Estado.
Un verdadero ejemplo a seguir.
(*) Ex embajador argentino en Guatemala y ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Publicado por el portal Ideas & Protagonistas.