El gobierno de Brasil consideró un respiro la baja adhesión a las protestas que pidieron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aunque la oposición señaló que el país «está indignado» y prometió realizar nuevas manifestaciones en favor del posible juicio político contra la mandataria.
Las manifestaciones fueron convocadas por grupos ajenos a los partidos tradicionales y, según la policía, congregaron a unas 83.000 personas en un centenar de ciudades de todo el país.
Esa cifra fue contestada por los organizadores, que cifraron la asistencia en cerca de 400.000 personas, que aun así distaron mucho de los más de dos millones de manifestantes que reunieron las protestas que esos mismos grupos habían realizado en abril y agosto pasado.
La oposición de Brasil prometió realizar nuevas manifestaciones en favor del posible juicio político contra la presidenta Rousseff, a pesar de que los actos del domingo último tuvieron un 70 por ciento menos de participantes que en marzo, según cálculo de la encuestadora Datafolha.
«Las protestas del domingo fueron un éxito. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era calentar las turbinas» para las protestas del año que viene cuando estará más avanzado el juicio político, dijo el senador Cassio Cunha Lima, titular del bloque del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
Según el PSDB, más allá del número, las protestas «probaron que Brasil está indignado y que quiere el fin de este gobierno».
El senador Aécio Neves, presidente del PSDB, argumentó que hubo «poco tiempo» para organizar estas manifestaciones, pues los grupos convocantes decidieron salir a las calles después de que, la semana pasada, la Cámara de Diputados inició los trámites con miras a un posible juicio político contra Rousseff.
«Aún con pocos días para organizarlas, las manifestaciones han comprobado que está vivo en gran parte de la sociedad el sentimiento de indignación y rechazo» al gobierno, declaró Neves.
En el Ejecutivo, la baja adhesión fue recibida con cierto alivio, pero también con mucha cautela.
El resultado de las protestas fue analizado por la propia jefa de Estado en una reunión que sostuvo con una decena de ministros, la cual concluyó sin declaraciones a los periodistas.
No obstante, fuentes oficiales citadas por la agencia EFE reconocieron que la escasa respuesta a la convocatoria fue casi como un «balón de oxígeno» para el gobierno. «Alivia un poco la presión, aunque no basta para decir que está todo resuelto», dijo un vocero de la Presidencia.
Otras fuentes consultadas por el diario O Globo también señalaron que pese a la baja en el número de participantes es equivocado festejar debido a que el movimiento por el impeachment puede resurgir en los próximos meses.
En este contexto, Rousseff ayer cumplió 68 años y uno de los mensajes de solidaridad que recibió Rousseff llegó desde Argentina, y de un admirador no esperado. «Quiero enviar mi apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Mi corazón está contigo», escribió en redes sociales el ex futbolista Diego Armando Maradona, a quien la mandataria respondió con un simple «Gracias por el apoyo».
Los trámites para un eventual juicio político fueron autorizados hace diez días por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, investigado en paralelo por casos de corrupción, y a quien la Constitución le reserva la decisión de aceptar o no el inicio de un proceso con miras a la destitución de un mandatario.
El proceso comenzó el martes de la semana pasada, pero ese mismo día el Tribunal Supremo (Corte Suprema) lo paralizó ante una demanda presentada por el oficialista Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que pidió esclarecer algunos procedimientos.
Los once magistrados del Supremo han anunciado que se reunirán este miércoles para analizar esa demanda, tras lo cual el trámite deberá ser reiniciado en la Cámara de Diputados.
El proceso está fundamentado en maniobras fiscales que el gobierno hizo en 2014 para maquillar sus resultados y que, según organismos de contraloría del Estado, continuaron durante este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un «delito de responsabilidad», que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario, aunque el gobierno lo niega y sostiene que no pasan de «errores administrativos» que son «comunes» en la administración pública brasileña.