Eamon Müllen y José Barbaccia negaron toda responsabilidad en la maniobra de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado de 1994 y al igual que el ex comisario federal depositaron la culpa a quienes conducían la investigación judicial y policial, el ex juez Juan José Galeano y el ex comisario mayor Carlos Castañeda.
Ambos ex fiscales aseguraron desconocer que se había pagado 400.000 dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para imputar falsamente a cuatro policía bonaerenses, por lo que hoy están acusados de haber incurrido en una privación ilegal de la libertad, con penalidades de prisión mayor.
A su vez, Palacios dijo no haber participado en un frustrado allanamiento a la casa del empresario sospechado de origen sirio Alberto Kanoore Edul, cuya familia integraba el círculo íntimo de los Menem, a raíz de lo cual el entonces presidente ordenó no investigar la llamada “pista siria”.
Con esta ruptura de la solidaridad interna entre los acusados, comenzaron las primeras indagatorias efectivas en el juicio ya que todos los imputados citados con anterioridad se habían negado a declarar, ateniéndose al derecho que los asiste.
El Tribunal Oral Federal 2 inició la audiencia notificando las presencias en la sala y dejando constancias que ni el ex presidente Carlos Menem ni su jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, estaban presentas por razones médicas.
El ex jefe de inteligencia está acusado por cumplir la orden presidencial de no investigar al empresario sospechado de origen sirio Alberto Kanoore Edul y por la provisión de 400.000 dólares para pagar una declaración “trucha” al reducidor de autos Carlos Telleldín.
Pero los jueces aguardan una pericia médica ya que la defensa adujo “pérdida de capacidad cognitiva” para pedir su desvinculación del juicio.
El turno lo inició el entonces jefe Drogas Peligrosas de la Policía Federal, Jorge “el Fino” Palacios, quien negó haber participado en allanamientos relacionados con la investigación por el atentado a la mutual israelita que causó 85 muertos y cientos de heridos y se refirió particularmente al allanamiento frustrado a la casa de Kanoore Edul el 1 de agosto de 1994.
“Las órdenes (de Galeano) fueron dirigidas al jefe del DPOC”, acusó Palacios apuntando el disuelto Departamento de Protección al Orden Constitucional, entonces a cargo del comisario mayor Carlos Castañeda, también acusado en el juicio y que se negó a declarar.
En la indagatoria de ese jefe policial en la instrucción, leída tras su negativa, dijo que había “500 teléfonos tomados”, pero que su grupo sólo coordinaba labores de desgrabación por la cantidad de cassettes para escuchar, los que finalmente terminaron extraviados.
Palacios reconoció que hubo gente de su equipo trabajando en los allanamientos y al referirse a los llamados telefónicos que se hicieron a los teléfonos de los domicilios que iban a ser allanadas sostuvo que eran maniobras habituales -«se les llama `caída´ en la jerga policía», dijo-, pero no explicó porque que los efectivos policiales demoraron 9 horas para hacer efectivos los allanamientos.
También le apuntó al fallecido fiscal Alberto Nisman al sostener que en los once años que estuvo a cargo de la Unidad Fiscal investigadora del atentado nunca interrogó a los policías que, según dijo, si habían participado del allanamiento cancelado.
Pero el plato fuerte llegó con la declaración matinal del destituido fiscal Müllen, quien junto a Barbaccia está acusado de haber pedido la detención de los cuatro policías bonaerenses acusados por Telleldín de llevarse la Trafic usada en el atentado y que pasaron casi nueve años presos hasta la anulación del primer juicio por el atentado fuera anulado y su absolución.
Müllen, que al igual que Palacios y Barbaccia aclaró que no iba a contestar preguntas y que se reservaba el derecho de ampliar la indagatoria durante el transcurso del juicio, admitió que pudo «haber cometido errores» pero dijo ser “absolutamente ajeno a los gravísimos hechos que se me imputan”.
Durante una declaración leída e interpretada de manera teatral, y por momentos al borde del llanto, aseguró que en sus treinta años de carrera judicial “la libertad de los acusado fue siempre mi prioridad” y que si hubiera conocido la realidad no hubiera participado de lo que denominó” una farsa para que personas inocentes fueran encarceladas”.
“Desde los mismos organismos que tenían que investigar el hecho nos daban pistas falsas”, acusó, a tras intentar sostener que no se enteraban de todo lo que pasaba en el juzgado de Galeano, con relación a la investigación.
Por la tarde, su colega Barbaccia reiteró que “no sabíamos del pago ni teníamos porqué enterarnos, ya que nada de eso figuraba en la causa”, y sostuvo que cuando tuvo que dictaminar sobre el pago de los 400.000 dólares, lo hizo en contra: “nos opusimos”, dijo.
“Cobró para decir la verdad”, alegó y buscó desligarse al asegurar que tampoco había estado durante “toda” la audiencia en la que Carlos Alberto Telleldín acusó a los policías, cuya detención pidió luego y por lo que hoy enfrentan los cargos.
En la próxima audiencia, el jueves 17 por la mañana, está programado que declare el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja, acusado de conocer la maniobra de encubrimiento y de motorizar el pago a Telleldín con la excusa de hacer avanzar la investigación.