En el paisaje político de San Luis, los escándalos de corrupción se acumulan como un testimonio de un sistema que opera al margen de los valores democráticos y la justicia. Desde el vaciamiento del Molino Fénix hasta el robo descarado de fondos destinados a la Policía, cada caso resalta la alarmante connivencia entre el poder político y la justicia provincial. Los avances en las investigaciones, aunque tardíos y fragmentados, apenas arañan la superficie de lo que parece ser una red estructural de impunidad.
El Molino Fénix: Un símbolo de la corrupción sistémica
El caso del Molino Fénix y la Casa de la Música, liderado por la exdiputada Anabela Lucero y su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, es el ejemplo más reciente de la desfachatez en la administración de recursos públicos. Durante su gestión, las instalaciones fueron utilizadas para actividades que beneficiaban exclusivamente sus intereses personales y políticos. La investigación revela la desaparición de documentos clave, equipos electrónicos y mobiliario, así como la quema y desecho de archivos en basurales. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, la gestión pública de un complejo cultural termine con la destrucción deliberada de evidencia? La respuesta yace en un aparato judicial que, en lugar de actuar con celeridad y firmeza, parece mirar hacia otro lado mientras los responsables desmantelan el patrimonio público.
Deportes y nepotismo: Cinthia Ramírez y Miguel «Micky» Berardo
El manejo de los fondos destinados a Deportes bajo la administración de Cinthia Ramírez también está bajo la lupa. Aunque los detalles específicos de las acusaciones contra Ramírez y Berardo aún son poco claros, lo que emerge es un patrón de gestión opaca y centralizada en intereses personales. Las auditorías iniciadas por la Secretaría de Ética Pública apuntan a una serie de irregularidades financieras que podrían configurar delitos graves. Sin embargo, la justicia de San Luis no ha mostrado hasta ahora la voluntad de escalar estas investigaciones hacia un proceso judicial efectivo, cabe destacar que una de las integrantes del Superior Tribunal, Carolina Monte Riso está casada con Berardo.
Claudio Latini: Robo a plena luz
El caso de Claudio Latini, acusado de sustraer fondos destinados a la Policía, es otro ejemplo flagrante de cómo la corrupción atraviesa todas las instituciones de la provincia. La falta de acción contundente por parte de la justicia en un caso tan evidente es una señal más de su parcialidad y desinterés por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué mensaje se está enviando a los ciudadanos cuando los responsables de protegerlos son los mismos que se benefician del desfalco del erario público?
Justicia lenta, ineficiente y politizada
La lentitud y la fragmentación de las investigaciones no son casuales; son el resultado de una justicia que opera bajo las órdenes de quienes detentan el poder político. Los fiscales y jueces encargados de estos casos parecen más interesados en proteger sus propios intereses que en cumplir con su deber. La falta de avances significativos y la ausencia de sanciones ejemplares perpetúan un círculo vicioso de impunidad que mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Un llamado urgente a la acción
San Luis necesita una justicia independiente, capaz de actuar sin presiones políticas ni temor a represalias. Los casos de Anabela Lucero, Cinthia Ramírez, Micky Berardo y Claudio Latini no son incidentes aislados; son síntomas de un sistema profundamente enfermo. Si no se toman medidas drásticas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, la corrupción seguirá siendo la norma y no la excepción.
La ciudadanía de San Luis merece una justicia que esté a la altura de los principios democráticos y los derechos humanos. No basta con denuncias y allanamientos si estos no se traducen en condenas y en la recuperación de los bienes públicos malversados. Es hora de que la justicia despierte y cumpla con su rol fundamental: ser el pilar de una sociedad equitativa y libre de corrupción.
