San Luis (LaNoticia) 06-08-15. En la jornada de ayer, la Cámara del Crimen Nº 2, integrada por Hugo Guillermo Saá Petrino, Gustavo Adolfo Miranda Folch y Marcelo Milán -subrogando al titular Fernando Julio De Viana-, comenzó el juicio oral y público contra Roberto Escudero por fraude en perjuicio de la obra social DOSEP y del Gobierno de la provincia, para lo cual la requisitoria fiscal pidió una pena de 2 años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
Esta causa se inició el 11 de enero de 2006, cuando la entonces interventora de la obra social Gladys Bailac de Follari, realizó la denuncia penal por un fraude cercano a los dos millones de pesos contra DOSEP. El hecho denunciado habría sido del estilo `hormiga´ -supuestamente desde el año 1998 hasta el 2005- con diferencias entre el dinero que ingresaba a la obra social y la que se enviaba al banco BANEX -hoy Supervielle-, con montos pequeños por día que, en la sumatoria total llegaba a los dos millones de pesos.
Es más que llamativo que, durante todo el proceso, nunca se investigara a la propia Bailac de Follari ni al gerente administrativo contable, el contador Orlando Becerra ni a la subtesorera de DOSEP Cristina Planella; teniendo en cuenta que Becerra era un simple empleado y estaba bajo el supuesto control de estos funcionarios. ¿Pudo un empleado común hacer un trabajo `hormiga´ sin que la subtesorera, el contador y la interventora supieran o descubrieran nada? Por lo menos le cabría el delito de mal desempeño en el cargo público, toda vez que debieron controlar que esto no ocurriera, o en el peor de los casos, lo que nunca se investigó, la posibilidad de haber sido cómplices de la maniobra.
Cuestiones preliminares
En las cuestiones preliminares, el defensor de Escudero, el penalista Carlos Salomón pidió una serie de nulidades, como así también que se declare la prescripción de la causa, además de recusar a los profesionales psicólogos Miriam Bottino y Gonzalo Mayor, quienes participaron de una junta médica el día anterior al juicio para observar las condiciones de salud del imputado para estar presente en las audiencias. Salomón calificó de “maliciosa” la forma en que estos dos psicólogos realizaron un cuestionario cuasi inquisidor contra el imputado.
Salomón se tomó casi dos horas para relatar las irregularidades que para él había en el proceso. Quizá una de las fundamentales fue la “falta en la cadena de custodia de la prueba”, puesto que se realizó una auditoría interna entre DOSEP y el Tribunal de contralor que duró más de cuatro meses posterior a la denuncia judicial de Bailac. Es decir que un acto administrativo fue más poderoso que la investigación judicial.
Sincericidio de Scarso
El abogado empleado de Fiscalía de Estado, Hugo Scarso, tuvo un verdadero acto de sincericidio a la hora de intentar explicar la “falta en la cadena de custodia de la prueba” denunciada por Salomón, señalando que en otras provincias “hay leyes que regular la cadena de custodia” de las pruebas de distintos procesos, mientras que en San Luis “no existe ley alguna” que vele por un correcto manejo de la prueba, sin que exista manipulación ni contaminación de la misma. Scarso no hizo más que darle la razón a Salomón, lo que seguramente le significará un duro tirón de orejas de sus superiores.
Justicia `machista´
Al final de la audiencia, se escuchó quejarse a la otra empleada abogada de Fiscalía de Estado, Velia Gil, porque hablaron solo los hombres y a ella no la dejaron ni abrir la boca, la queja tenía un solo destinatario, el presidente del tribunal quien es el encargado de dar la palabra a las partes.
Continuidad
El tribunal decretó un cuarto intermedio hasta el próximo 13 de agosto a la hora 09:30, día en que dará a conocer las resoluciones respecto de los planteos preliminares presentados por Carlos Salomón en su defensa técnica de Roberto Escudero.
Carlos Rubén Capella
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