Recientemente, el Gobierno Nacional sancionó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Prohibición de Despidos, vigente por los próximos dos meses. Sin ningún disimulo y, luego de algunos días de Conciliación Obligatoria, el Grupo Techint finalmente confirmó los 1.500 despidos que había dispuesto tiempo atrás, evidenciando que, más allá de cualquier prohibición y del pedido expreso del Presidente de la Nación a los empresarios de que “ganen un poco menos”, la Casa Rosada no se molesta en hacer cumplir ni siquiera su propia legislación.
De hecho, en algunas empresas alimenticias, trabajadoras y trabajadores se han venido encontrando con diferentes cierres patronales (lockout) “hasta nuevo aviso”. Y desde McDonald’s, Burger King y Starbucks se han implementado rebajas salariales compulsivas contra sus trabajadoras y trabajadores, pagándoles menos de la mitad del salario.
Por otro lado, a fines de la semana pasada, los dueños de la medicina privada reaccionaban a los dichos del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, cuando amagaba con la idea de declarar de interés público y centralizar el conjunto del sistema sanitario, una medida elemental para enfrentar más efectivamente el coronavirus.
Sin embargo, de ninguna manera los empresarios de la salud iban a permitir que cualquier persona pudiera atenderse en sus clínicas sin pagar previamente. Luego de tales declaraciones, la presión de quienes lucran con la salud de las personas se hizo sentir tan fuerte a nivel mediático que el Ejecutivo Nacional retrocedió de sus dichos y descartó que semejante medida estuviera en su agenda.
Asimismo, en lo que hace a los precios de los productos y artículos de consumo personal, tampoco se dieron buenas noticias. Verduras, frutas y carnes con aumentos que rondaban el 40% y, para mal en peor, hace unos días se conoció que el mismo Estado Nacional había comprado alimentos a precios mucho mayores a los del mercado: azúcar y arroz fueron algunos de ellos, sumando el aceite que llegó a ser adquirido a un precio 37% mayor al que figura en los “Precios Cuidados”.
Tales alimentos son aquellos que el Gobierno Nacional viene comprando para repartirle a 11 millones de personas ante la emergencia económica, sanitaria y alimentaria, que se agrava producto del aislamiento obligatorio. En ese sentido, las palabras del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Fernando Arroyo no dan lugar a dobles interpretaciones: “Los productores se plantaron y, frente a la necesidad de llevar de verdad a todos, se decidió comprarlos por encima del precio testigo”. Es decir, los empresarios aprietan y el Estado, otra vez, les sirve en bandeja.
Todo ello, todos estos casos de prepotencia patronal y empresarial, no hacen más que confirmar que la rapacidad de los poderosos no tiene límites. Buscan imponer su voluntad sobre los padecimientos de la mayoría de la población. Despidos, suspensiones, lockout patronal y hasta sobreprecios. Alberto Fernández y su administración hablan mucho, pero no frenan la avanzada de los sectores más ricos de la sociedad argentina.
Ante semejante situación, son millones quienes se preguntan qué va a pasar el día después del aislamiento obligatorio, de las cuarentenas y de todo lo referido al COVID-19. Es más, ya se está empezando a discutir en qué condiciones y cómo se saldrá de la crisis económica, sanitaria y social actual.
Los grandes grupos económicos reaccionan y hacen todo lo posible para imponer su propia agenda y sus intereses: quieren más desocupación, menos salario y más explotación. Hay que pararlos. Hay que enfrentar este intento de seguir lucrando a expensas de la vida, el trabajo y la salud de millones de trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y jóvenes.
Por eso, la izquierda plantea una serie de medidas elementales para que esto no ocurra, instando a las mujeres, la clase trabajadora y la juventud a organizarse y luchar para enfrentar todos aquéllos ataques, partiendo de exigirles a las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, de mujeres y de derechos humanos que se pongan a la cabeza en la defensa de nuestros derechos y reclamos:
1.- Es necesario imponer de inmediato una verdadera prohibición de los despidos, que sea retroactiva para aquellos que fueron despedidos desde la llegada del coronavirus al país. También debe contemplar a las trabajadoras y los trabajadores informales, siendo reincorporados obligatoriamente con la simple denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, es imprescindible que se prohíba cualquier tipo de suspensión laboral con rebaja salarial.
2.- Otra medida clave es la toma y puesta en producción de cualquier empresa que cierre o despida masivamente. Es necesario preservar las fuentes y los puestos de trabajo.
3.- Por último, es urgente aplicar una política de congelamiento de precios a los valores del 1° de febrero. Con la disminución o la falta total de ingresos de la gran mayoría de la población no se puede permitir que se siga especulando con sus necesidades más básicas. Para ello, hay que aplicar un control estricto de la producción y comercialización por parte de la misma clase trabajadora, ya que es la única interesada y capaz de garantizar que se cumpla con esta medida.