El presidente de Bolivia, Evo Morales, salió en defensa del Gobierno de Nicaragua y señaló a Estados Unidos (EE.UU.) de intentar un golpe de Estado en el país centroamericano.
El líder indígena aseguró que EE.UU. «muestra su obsesión por la injerencia en asuntos internos de países soberanos», al tiempo que «demanda acortar el mandado constitucional en Nicaragua con elecciones anticipadas».
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Morales agregó que la injerencia estadounidense es «un anuncio de golpe que atenta contra el diálogo y la paz en Nicaragua» y que «EE.UU. no es patrón del mundo».
El Congreso de Estados Unidos
Este miércoles el Congreso estadounidense aprobó de manera unánime, la resolución bipartidista (votada por 241 republicanos y 194 demócratas) que condena y responsabiliza al Gobierno de Daniel Ortega por los hechos de violencia acontecidos desde el 18 de abril de este año en la nación centroamericana.
El documento legislativo propone, además, la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, medida también expuesta, con anterioridad, por el Departamento de Estado de EE.UU.
Asimismo, recomienda a la administración de Donald Trump, identificar y sancionar a las personas involucradas en los crímenes, bajo la Ley Magnitsky.
¿Qué es la Ley Magnitsky?
La «Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos» es una norma que permite al Gobierno de EE.UU. imponer sanciones económicas y de ingreso al país a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen».
Diálogo con Trump
El martes teleSUR emitió una entrevista realizada al mandatario nicaragüense en la que manifestó, entre otros puntos, su intención de sostener un diálogo con Donald Trump. «Creo que sería lo ideal» respondió ante la pregunta de la periodista y directora del medio, Patricia Villegas.
Ortega agregó que la situación que afecta a su país a manos de grupos de derecha, tiene su gestación en el Congreso de EE.UU., asegurando que muchos de esos legisladores «buscan el financiamiento (a la violencia en Nicaragua) para que lo apruebe el Gobierno de EE.UU.», acusando una conspiración contra su país.
