El acuerdo con el FMI y la deuda externa en debate. ¿Cuál es la salida? La corrida cambiaria contra el peso de las últimas semanas liquidó el esquema de endeudamiento externo que le venía permitiendo al gobierno nacional administrar los ataques (“gradualismo”) contra el bolsillo de los trabajadores. A su vez, la revisión que hizo de las metas de inflación para el 2018 (cada vez mayor a lo esperado) aumentaron las dudas de los “inversores” sobre la sustentabilidad económica y financiera del esquema gubernamental.
Los tarifazos de este año, sumados a los de diciembre del año pasado y al repudio popular a la aprobación de la reforma jubilatoria, golpearon duramente la imagen del macrismo al punto tal que debió enterrar transitoriamente la reforma laboral y buscar un gran acuerdo nacional con los infaltables dadores voluntarios de gobernabilidad: el peronismo en sus más diversas ramas.
Este debilitamiento del gobierno cambiemita, los relativamente altos índices de inflación de los primeros meses del año, la tendencia internacional al aumento de las tasas de interés en EEUU y el comienzo del cobro de un pequeño impuesto a las ganancias de los bonos, llevaron al retiro de capitales especulativos internacionales y nacionales, arrastrando a pequeños ahorristas y devaluando el peso un 35 % en lo que va de 2018.
El gobierno, al verse impotente para frenar esta crisis, decidió recurrir al “Fondo Monetario Internacional” (FMI) recibiendo más apoyo político que económico con el austero ofrecimiento de créditos “Stand By” sin monto preciso. Esto no es casual, ya que es muy probable que los créditos que ofrezca este organismo sean más “amistosos” si Macri le garantiza una devaluación mayor y más ajustes en la economía del país: reforma laboral, despidos masivos de trabajadores estatales para reducir el “gasto” público, nuevo blanqueo de capitales, etc.
Lo cierto es que la crisis del gobierno de “Cambiemos” ha dado un giro político enorme, quedando asociado al FMI que es repudiado por gran parte de la sociedad, en particular su propia base electoral. Con esto, ha terminado el “primer macrismo” que creía tener asegurado su proyecto reeleccionista para el 2019, mucho más si se tienen en cuenta la alta inflación, las tarifas de los servicios esenciales para vivir en crecimiento, las tasas de interés recesivas que pueden llevar a quiebras y cierres de empresas, y las constantes presiones devaluatorias. En síntesis, la vuelta al “Fondo” va a reconfigurar el régimen político de la Argentina hacia una mayor subordinación al imperialismo norteamericano y sus entidades multinacionales.
¿Qué pasa con la deuda externa?
La deuda pública o deuda externa es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Es una de las formas que tiene el capital financiero y los especuladores (imperialismo) de saquear nuestros recursos y condenarnos a la decadencia. En el año 2000, la justicia investigó y declaró fraudulento el crecimiento de la deuda tras descubrir más de 500 delitos en su conformación. Sin embargo, todos los gobiernos la siguieron pagando.
En 1976 era de 8.000 millones de dólares, pero en 1982 ya era de 45.000 millones. La última dictadura cívico-militar convirtió las deudas de muchos grupos económicos, como la familia Macri, en deuda pública que pagamos todos. Pero los gobiernos posteriores aceptaron ese saqueo. Incluso Cristina Kirchner reconoció que sus gestiones fueron “pagadoras seriales” de deuda y los gobernadores del peronismo siempre compartieron la misma política.
Todos prefirieron pagar la deuda ilegal e ilegítima en lugar de destinar esos recursos a la educación pública, la vivienda, la salud, las jubilaciones o el trabajo. Siempre fue así: el negocio de los especuladores se carga en la cuenta del pueblo trabajador. Hoy, a pesar de haber pagado desde los tiempos del genocida Videla 546,3 mil millones de dólares, la deuda externa sigue existiendo con sus intereses.
Es más, desde que asumió Macri como Presidente, la deuda pública creció 104 mil millones de dólares y cada vez más recursos son necesarios para pagar sus intereses. Con ese dinero se podrían haber construido 5.200 hospitales o 2 millones de viviendas populares o 34.000 escuelas públicas junto a 78.000 jardines infantiles.
Pero esta no es la lógica de la casta política gobernante. Para solucionar la falta de dólares sin afectar las ganancias de sus colegas empresarios, el macrismo ha comenzado un nuevo ciclo de endeudamiento, negociando un acuerdo con el FMI. Lógicamente, los especuladores se frotan las manos y se afilan los colmillos mientras el peronismo va poniendo la mesa. En cambio, los trabajadores nos agarramos los bolsillos. La historia ya se conoce: el Fondo Monetario pedirá que la deuda contraída se pague con un mayor empobrecimiento del pueblo trabajador.
¿Cuál es la salida? ¿Acodar o no acordar, pagar o no pagar?
Es común entre los trabajadores la idea de que si no se paga la deuda “nos caemos del mundo” o “nos van a invadir”. Pero, esto no es así. Si dejamos de pagar la deuda no se desatarán las famosas siete plagas de la Biblia ni el país será invadido. Países como Islandia y Ecuador (con recursos mucho más escasos que Argentina) resolvieron no pagarla en momentos de altas crisis económicas y nunca sufrieron una invasión militar.
Entonces, como bien plantea la izquierda de Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, la única manera de terminar con el robo histórico a la economía nacional es rechazando cualquier pacto con el FMI y no pagando la deuda externa. Pero, lo primero que hay que tener en cuenta para ello es que la deuda externa no es como un préstamo bancario contraído por cualquier trabajador que se acaba cuando se finaliza con todos los pagos. Al contrario, se trata de un débito sin final, un saqueo sin fin que forma parte de los múltiples mecanismos de dominación utilizados por el imperialismo para su propio beneficio.
El no pago que se propone apunta a liberar los recursos necesarios para la vivienda, mejorar los salarios, la salud y la educación. Claro que esta medida que solamente puede ser impuesta por la movilización popular iniciaría una ruptura con los lazos de dominación del imperialismo norteamericano, que seguramente querrá imponer represalias (no invasiones militares) llevándose los dólares del país o bloqueando la economía.
Por eso, para evitarlo y dar una salida integral a la crisis, el no pago de la deuda debería ligarse a otras medidas como la nacionalización de la banca bajo gestión de los mismos trabajadores del sector, evitando así también que se confisquen a los pequeños ahorristas como se hizo en el 2001 con el “corralito”. Una banca estatal única sería una herramienta poderosa para el crédito barato para la vivienda popular o para el pequeño comerciante ahogado por el gran capital.
En el mismo sentido apunta el monopolio estatal del comercio exterior. Hoy existe un monopolio privado de agroexportadores y grandes industriales que operan en favor de la devaluación, por ejemplo no liquidando los granos para no perder sus ganancias. Una medida de este tipo permitiría importar y exportar en función de satisfacer necesidades sociales.
Todo esto quiere decir que el no pago de la deuda es el puntapié inicial de una larga lucha del conjunto de los trabajadores y sectores populares, cuya consagración última sólo podría tener lugar con su propio gobierno.
Johana Gómez – Referente provincial del PTS – Frente de Izquierda