San Luis (LaNoticia) 28-02-18. La mujer que se sienta a la derecha del gobernador de San Luis, finalmente concurrió a la Justicia antes que la condujera la fuerza pública. Bañuelos nombró defensor a un empleado de Fiscalía de Estado.
Gloria Velázquez fue citada como testigo, dentro de la causa que investiga la denuncia penal realizada por los villamercedinos Ricardo André Bazla y Lucio Pereira –clic acá para ver archivo– por la entrega de tablets por parte del Gobierno provincial a punteros políticos del Partido Justicialista de San Luis durante la campaña electoral que buscó desesperadamente -y lo logró- dar vuelta el resultado abultado de las PASO a favor de Claudio Poggi. La denuncia tiene como centro a quienes en ese momento eran ministras de Desarrollo Social (María Angélica Torrontegui), Ciencia y Tecnología (Alicia Bañuelos), y Hacienda (Natalia Zabala Chakur), aunque Bañuelos y Zabala siguen en sus cargos en la actualidad.
En ese sentido, la periodista mano derecha del gobernador Alberto Rodríguez Saá, hizo caso omiso de tres citaciones judiciales anteriores y cuando se pidió su comparecencia por la fuerza pública –clic acá para ver archivo-, en el cuarto intento, compareció por sus propios medios en la jornada de ayer.
“Sobre las citaciones para que declaren en testimonial Rosas Curi y Velázquez, para Bazla `la magistrada tiene interés en conocer detalles sobre una reunión institucional del Gobierno de San Luis realizada en la sede del Partido Justicialista de La Punta y que fue promocionada en diversos medios digitales, tanto por el Gobierno como por el PJ, con motivo del reparto de las tablets, pero con clara finalidad partidaria´”, publicó nuestro medio en octubre pasado –clic acá para ver archivo-. Esto porque Velázquez es una de las máximas autoridades del PJ de La Punta, pero en su declaración de ayer juró no saber nada de esa reunión ni de otras, aludiendo que el salón se le “presta a varias organizaciones que no pueden utilizar el Polideportivo García Ferré porque el intendente Martín Olivero es hombre de Poggi”, nos dijeron que expresó palabras más palabras menos, y sobre esa entrega de tablets a punteros del PJ dijo que “no se enteró ni en su calidad de periodista”.
Sobre que Velázquez contesto que no sabía o que no se acordaba, fuentes cercanas al Juzgado en donde se le tomó la declaración le señalaron a nuestro periódico que «si acá hay justicia independiente, Velázquez está al borde de que se le impute falso testimonio». ¿Habrá justicia independiente en este caso? Solo el tiempo responderá esta pregunta.
¿Se hizo cargo de su responsabilidad penal?
Lo llamativo de las audiencias de ayer, fue que la ministro Alicia Bañuelos nombró defensor en la polémica figura del empleado de Fiscalía de Estado, Hugo Scarso, sin que esté imputada ni siquiera señalada como sospechosa de nada. ¿Nombrar defensor no es admitir que está en aprietos?
Lo que no es tan llamativo, es que Scarso haya tomado esa defensa, puesto que ya hizo lo mismo en otras causas y también con dirigentes oficialistas en el ojo de la tormenta.
Tal fue el caso del dirigente ultraadolfista Alberto Leyes, cuando un taxista dijo que había llevado a unos hombres -a la postre dos imputados por el asesinato de Romina Aguilar- quienes habían dicho que Leyes les habría encomendado el asesinato y que los protegería si la cosa salía a la luz. Fue solo un testimonio, de hecho la justicia jamás lo llamó para nada, pero lo mismo nombró defensor, por las dudas, a Scarso.
Otro tema polémico es que Scarso en su calidad de empleado de Fiscalía de Estado tome la defensa de alguien denunciado por posibles delitos contra el Estado y no precisamente busque saber si el Estado fue o no perjudicado por las medidas políticas de su hoy defendida. Tampoco es extraño esto en este abogado de poca monta, puesto que en el juicio oral y público por el desfalco a DOSEP –clic acá para ver archivo– representando a Fiscalía de Estado, apuntó todos sus cañones al único imputado -Roberto Escudero- y no pidió que se ampliara la investigación a los entonces funcionarios, pero claro, esos entonces funcionarios eran todos del riñón de Adolfo Rodríguez Saá.
Fernando Salino
El rector de la (mal llamada) Universidad de La Punta, Fernando Salino, fue uno de los máximos funcionarios del actual Gobierno provincial que ya declaró en la causa –clic acá para ver archivo-, dando algunos
detalles que prueban las sospechas de la dupla Bazla-Pereira.
Carlos Rubén Capella
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