Tras la segunda carta de Carles Puigdemont al Gobierno español , en la que indica que no hubo declaración de independencia pero que la votarán si Madrid decide aplicar el artículo 155, el Ejecutivo ha decidido seguir adelante con la activación por primera vez en la historia española del citado artículo de la Constitución.
De acuerdo a la Constitución antes de la aplicación el Gobierno debe llamar a un Consejo de Ministros extraordinario, El cual se celebrará el próximo sábado a las 10 horas y estará presidido por el presidente Mariano Rajoy a su vuelta de Bruselas.
En un comunicado oficial, el Gobierno considera que que el President de la Generalitat ha desatendido el requerimiento de Mariano Rajoy de que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad catalana había procedido a declarar la independencia. «En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad del autogobierno de Cataluña».
El artículo 155
El 155 se introdujo en el título VIII de la Constitución para que el Gobierno tuviera precisamente un mecanismo para controlar a las Comunidades Autónomas y pudiera forzarlas «cumplir sus obligaciones» o «proteger el interés general».
«1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.»
Aplicación del 155
Según su redacción el Artículo se puede aplicar bajo dos circunstancias: Una, si la comunidad no cumple «las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan» y en el caso de que actúe «de forma que atente gravemente el interés general de España».
El intento del gobierno catalán de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aunque suspendida, responde a ambos puntos.
Para la aplicación primero el Gobierno debe enviar un requerimiento al presidente de la comunidad en cuestión. Por lo tanto, en el caso catalán, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería advertir directamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Si éste hiciera caso omiso, el Gobierno debería presentar su propuesta de medidas al Senado, cámara a la que le corresponde aprobarlas por mayoría absoluta.
La aplicación del 155 en el Senado está regulado por el artículo 189 de la cámara. El Gobierno debe presentar una proposición clara de cada una de las medidas concretas que piense adoptar y cabe la posibilidad de enmiendas.
Si se tramita por procedimiento de urgencia, las medidas podrían aprobarse de forma exprés (entre 2-3 días).
El senado
Para adelantar los trámites en el Senado, el Gobierno español informó que el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria el sábado, con el fin de aprobar decisiones -se prevé que la suspensión de algunas competencias y quizá la destitución de algunos miembros del Govern- para «restaurar el orden constitucional».
Una vez recibido el escrito, el Senado, lo estudiará y lo enviará o bien a la Comisión General de Comunidades Autónomas o a una comisión mixta creada `ad hoc´, con senadores de varias comisiones.
Posteriormente los senadores deben dar a Puigdemont la oportunidad de formular las alegaciones que considere oportunas -incluso puede darle audiencia-, en un plazo correspondiente.
El paso a seguir es una vez recibidas las alegaciones de la Generalitat, se produzca un debate en la comisión, con votación posterior. Por último, la propuesta final debe aprobarse en el Pleno por mayoría absoluta. El Partido Popular tiene escaños suficientes para sacarlo adelante en solitario.
¿Qué permite el 155?
Expertos y analistas consideran que el 155 da mucho margen de maniobra al Gobierno, siempre y cuando cuente con la aprobación del Senado.
Las acciones podrían ir desde el control de las finanzas de la Generalitat, órdenes y toma de control de departamentos, destitución de cargos de la administración o incluso la disolución del Parlament.
Los expertos creen que el 155 no supone una suspensión o una supresión, de la autonomía. Sin embargo la aplicación de la norma restringiría el principio autonómico al quedar controlada total o parcialmente por la administración del Estado.