Saá Petrino dice adiós “por razones personales” mientras acumula denuncias que ponen en jaque la credibilidad del poder judicial en San Luis.

Desde el despacho donde debiera primar la imparcialidad y la transparencia, la salida del juez Hugo Saá Petrino — tras más de 26 años en el Poder Judicial — está lejos de ser un acto anodino o meramente administrativo. Su carta de renuncia habla de “razones de índole estrictamente personales” que lo motivan a “abocarme en el desarrollo y tránsito de la abogacía”, sin embargo, el contexto que la acompaña exige otra lectura, una crítica y un pedido de rendición de cuentas que no puede soslayarse.

Las “razones personales” suenan huecas cuando se revelan:

  • En 2024 se publicó que Saá Petrino debía pagar una sentencia de 36 000 dólares (más los intereses acumulados) en un proceso civil que se arrastraba hace años, sin que aparecieran bienes registrables a su nombre que permitieran ejecutar la deuda.
  • En 2025 el salario del magistrado fue embargado en un 30 % para cubrir esa deuda, lo cual revela un nivel de incumplimiento que debería haberse resuelto mucho antes, más aún tratándose de quien ocupa un cargo en la judicatura.
  • Peor aún, en su rol como presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis, la institución que encabeza vio rebotar —es decir: emitidos sin fondos— cheques por un total que se aproxima a los 4,4 millones de pesos, lo que derivó en que sus propios pares exigieran información detallada y dieran un ultimátum para rendición de cuentas
  • En paralelo, su liderazgo interno quedó tan debilitado que algunos jueces intimaron formalmente denunciarlo por “mal uso” de los recursos del organismo que representa.

¿Cómo puede alguien que enfrenta todo esto declararse simplemente con “razones de índole personal” y marcharse sin dar explicaciones a la sociedad? ¿Se va voluntariamente, o lo empujan hacia la salida por el peso de sus malas cuentas?

La judicatura no es un ámbito privado: quienes están al frente del Poder Judicial tienen, por oficio, la obligación de cuidar la confianza pública. Y cuando aparecen agujeros como cheques rebotados, deudas ejecutadas por la justicia, opacidad en la rendición de cuentas, no se trata de fallos menores: se trata de la credibilidad institucional. Saá Petrino no actuó sólo como juez, sino como conductor de la caja de los magistrados, y ese doble rol exige un estándar más elevado, no excusas genéricas.

La renuncia llega tarde y en un momento de máxima vulnerabilidad. Su “nuevo camino” hacia la abogacía podría entenderse como un cierre elegante, pero resulta difícil no interpretarlo como un escape antes de que una movida de mayor peso — administrativa, disciplinaria o incluso penal — se abriera en su contra. No basta con declararse “por razones personales” cuando existen señales evidentes de desorden financiero, rendición de cuentas pendiente y falta de transparencia.

El mensaje para la provincia de San Luis es claro: mientras haya magistrados que enarbolan la toga pero parecen ignorar la ética que ella representa, la justicia pública seguirá siendo una promesa incumplida. No basta con cambiar de rol, pasar al otro lado de la mesa como abogado, si no hay un examen serio del pasado y una rendición de cuentas que devuelva algo de dignidad al sistema.

En resumen: la puerta de salida de Hugo Saá Petrino se abre con aplauso fingido, pero deja tras sí un pasillo lleno de interrogantes, facturas sin pagar y un sistema que, una vez más, permitió que un magistrado se escondiera detrás del eufemismo “razones personales” mientras la institución permanece sin respuestas.