Mientras la justicia avanza —aunque lentamente— sobre los presuntos hechos de corrupción que involucran a exfuncionarios del gobierno rodriguezsaaísta, como Ernesto “Pipi” Ali, la diputada María Del Carmen Gosteli parece haber elegido un papel vergonzoso: el de abogada política de la impunidad.

En lugar de defender el interés público, Gostelli salió a cuestionar el accionar judicial y a pedir un “trato especial” para quienes, bajo la gestión anterior, manejaron millones del Estado provincial sin rendir cuentas. Lo que intenta presentar como una “persecución política” no es más que la reacción natural de una justicia que —por fin— empieza a mirar hacia donde antes no se atrevía.

Mientras la diputada pedía indulgencia para los imputados, el diputado Lino Aguilar, representante de Villa Mercedes, se retiró del recinto en silencio, evidenciando un quiebre interno dentro del justicialismo. El gesto no pasó desapercibido: marcó la distancia de aquellos que, dentro del propio PJ, ya no están dispuestos a seguir cargando con las mochilas de la vieja corrupción rodriguezsaaísta.

Gostelli, con su discurso de aparente victimización, se alinea con quienes todavía no pueden asumir que los tiempos cambiaron. Detrás de su reclamo se esconde una defensa descarada de los privilegios, de la vieja casta política que vivió del poder, de los recursos públicos y de la impunidad institucionalizada.

El caso de Pipi Ali no es menor: se lo investiga por defraudación al Estado, uso indebido de fondos públicos y maniobras administrativas irregulares. Pretender que todo eso es “una operación política” es subestimar a los puntanos, que están cansados de los relatos y quieren ver hechos, transparencia y justicia.

Gostelli intenta instalar que la imputación es un ataque personal o partidario. Pero en realidad, lo que molesta es que se empiece a desnudar la estructura de corrupción que durante años operó bajo el amparo del poder rodriguezsaaísta, con intendentes, ministros y diputados que respondían a la misma lógica del silencio y la obediencia.

San Luis necesita una dirigencia que acompañe las investigaciones, no que las obstaculice. Si de verdad no hay nada que ocultar, deberían ser los primeros en pedir que se investigue hasta el final. Pero cuando lo que se defiende es el pasado y sus privilegios, las palabras “persecución” y “odio político” son solo excusas.

Lo que la diputada Gostelli reclama no es justicia: es impunidad. Y en una provincia que empieza a despertar del letargo de la corrupción, eso ya no tiene lugar.