El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago del Estero, Luis Santucho, calificó de “gravísima” la actuación de los profesionales de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, en el departamento de La Banda, que atendieron a María, la niña de 12 años que enfrenta una maternidad forzada en esa provincia . “Bordea el delito”, apuntó. Santucho reveló que desde la UPA no realizaron la denuncia policial correspondiente de abuso sexual, a la que están obligados cuando tienen conocimiento de un caso, además de mentir sobre el tiempo de gestación que llevaba la niña y agregarle semanas, y demorar su notificación al Ministerio de Salud provincial, como informó este diario. “Son gravísimas omisiones que terminan perjudicando a la niña porque impidieron la intervención oportuna de los organismos de niñez y del programa de Salud Sexual y Reproductiva que tienen que actuar en estas situaciones”, señaló a este diario y reclamó que se inicie una investigación para deslindar responsabilidades. Consultada por Página/12, la ministra de Salud provincial, Natividad Nassif, informó que ya se inició un sumario administrativo al personal de la UPA frente a las irregularidades denunciadas en este diario, pero aseguró que no se negó la ILE a María sino que fue su madre y la misma niña quienes expresaron su voluntad de continuar con esa gestación forzada. Ni Una Menos de esa provincia y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tienen otra visión del caso.

Hace poco menos de un mes se le hizo una ILE en Santiago del Estero a otra niña víctima de abuso sexual, en ese caso de 11 años. Ahí también se percibieron irregularidades en la atención. Santucho precisó que esa niña fue en noviembre con dolores abdominales al hospital zonal de Campo Gallo, en el norte de la provincia, acompañada de su madre y los profesionales de la salud no detectaron un embarazo que ya cursaba. ¿No lo detectaron o también ocultaron la información como se hizo con el caso de María? No se sabe. Madre e hija volvieron en diciembre nuevamente por dolores abdominales de la niña, y tampoco le diagnosticaron el embarazo, contó Santucho. Lo cierto es que en marzo, regresaron al mismo hospital: el vientre de la pequeña crecía y recién en esa instancia se dio intervención a las autoridades del Ministerio de Salud correspondientes y se le ofreció la ILE: la niña expresó su voluntad de interrumpirlo ante una jueza, acompañada por el sistema de protección de niñez y el programa de Salud Sexual y Reproductiva provincial. Esa instancia no se dio en el caso de María. “En el caso de Campo Gallo podríamos pensar que hubo negligencia en el equipo médico, en el caso de la UPA de Villa Griselda hay maniobras que bordean el delito”, consideró Santucho, elegido defensor de Niños, Niñas y Adolescentes en 2013 por la Legislatura y ratificado en el cargo dos años atrás.

La ministra de Salud sostuvo ante este diario que a María y a su madre se les ofreció consejería en derechos sexuales y reproductivos en el Centro Integral de Salud Banda, en La Banda, y que fueron ellas las que decidieron continuar con la gestación forzada en lugar de recurrir a una interrupción legal de embarazo, contemplada en el Código Penal. La niña fue derivada allí recién un mes después de la primera atención, el 2 de abril, en la UPA N° 3 de Villa Griselda. En un principio se pensó que ya cursaba la semana 30 de gestación, por la manipulación de la edad gestacional generada en la UPA N° 3, pero luego se constató que tenía 24 semanas. “En Santiago del Estero no negamos el derecho a la ILE cada vez que las personas manifiestan su decisión de acceder a ese derecho”, afirmó la ministra Nassif.

Sin embargo, organizaciones de mujeres pusieron en duda qué tipo de información se le brindó a la niña y a su madre en el marco de una consejería en la UPA N° 3, teniendo en cuenta las maniobras dilatorias que se detectaron. En la información a la que accedió este diario, no se registra que se haya dialogado a solas con la niña.

“¿Qué le dijeron a esa mamá? Se le dio toda la información sobre los derechos que le asisten a su hija, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de la continuación de ese embarazo? Suele ocurrir que se las atemoriza sobre la ILE. En este momento tenemos en el Hospital Regional a una niña de 13 años, que acaba de dar a luz, que tuvo hipertensión arterial y tuvo que ingresar a terapia intensiva. ¿Le informaron a la madre de María los riesgos de seguir el embarazo? Hablaron con la niña para que supiera de sus derechos. No lo sabemos”, dijo, en diálogo con este diario, la investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) Cecilia Canevari, integrante de Ni Una Menos en la provincia. María no está escolarizada.

Canevari recordó que el 27 de noviembre, por la mañana, colectivas feministas realizaron un mural, con previa autorización, en el Centro Provincial de Salud Infantil (CESPI) de la provincia en el marco de la Campaña Niñas No Madres para visibilizar el abuso sexual y las maternidades forzadas, con la consigna “en un mundo justo, las niñas no son madres”. El mismo día por la tarde blanquearon la pared. “El personal de salud sabe que la voluntad de las autoridades provinciales es que no se garanticen las interrupciones de embarazo. Santiago del Estero nunca adhirió al protocolo de abortos legales de Nación. Salvo una diputada, todos los legisladores nacionales de Santiago del Estero, en el debate por la despenalización del aborto, votaron en contra”, observó Canevari. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto apuntó contra el Director de Maternidad e Infancia, Pedro Carrizo, y señaló que “es objetor de que se practique las interrupciones a niñas que sufrieron abusos sexuales”. También cuestionó la actuación en la UPA N° 3. “Demorar y no informar debidamente sobre los derechos que asisten a las ciudadanas es una falta grave a sus obligaciones. Y el Ministerio de Salud de la provincia debería dar respuestas inmediatas y hacerse cargo de este pedido en este caso tan atroz”, reclamó en un comunicado de prensa la Campaña.

María está entrando en la semana 27 de gestación

“En Argentina no hay límite legal para realizar una ILE establecidas en el Código Penal y el fallo FAL de la Corte. La situación de acceso varía en Argentina dependiendo de la disponibilidad de equipos médicos capacitados para brindar esa prestación en el segundo semestre de gestación. Además, es necesario realizar una consejería adecuada a las niñas víctimas de abuso sexual garantizando su derecho a ser oídas y su interés superior”, señaló a Página/12 la titular del programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.

Santucho también duda sobre qué tipo de consejería se le pudo dar a la niña, sobre todo porque –indicó– “está con estrés postraumático, casi no puede hablar, balbucea”. En el informe que elevó al Ministerio de Salud provincial, con casi tres semanas de demora, la coordinadora de la UPA N° 3 de Villa Griselda, la médica María de los Ángeles Pereyra escribe: “En el primer contacto, personalmente hice anamnesis, la misma refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo. Ante la situación se coordina control obstétrico, laboratorios y ecografías, y se genera confianza en el vínculo con los profesionales, para no perder contacto, ante la precariedad de la situación de vivienda (riesgo de fuga)”. En ese informe, también refiere que la niña lleva 26 semanas de gestación, cuando en realidad –después se supo— en el momento en que se le hizo la ecografía, el 6 de abril, tenía 20. La obstétrica que la atendió anotó en su informe que nunca pudo hablar a solas con la niña. “La niña es acompañada por la madre, en todo momento, no pudiéndose establecer comunicación a solas”, escribió.

En lugar de notificar inmediatamente al Ministerio de Salud de ese embarazo forzado e infantil, lo hizo el 24 de abril pero recién llegó a las autoridades unos días después.

“Me llama la atención esa definición de noviecito que menciona porque quienes conocen sobre la problemática del abuso sexual en la infancia saben que muchas veces se dice eso, un novio, cuando en realidad pudo haber un abuso intrafamiliar”, advirtió Santucho. También precisó que a pesar de que en ese informe Pereyra escribe que “ante la irregular situación de embarazo en una menor de edad, se dispone dar parte a la comisaría del Menor y la Mujer N° 2”, esa denuncia “nunca se hizo”. “La Fiscalía de abusos sexuales se entera del caso cuando yo llamo a principios de mayo. Nunca se llegó a denunciar desde la UPA, según pudimos constatar”, dijo el defensor de NNA. “Hay un protocolo para los casos de abuso sexual en la infancia pero no lo cumplieron”, cuestionó.

María, como informó este diario, vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, cartonera, la pareja de ella, y dos hermanitos pequeños, en una habitación muy precaria, que alquilan, en una zona rural, en las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable. La mayor parte de su vida, María la pasó en instituciones alejada de su familia, como consta en el expediente del sistema de protección de la niñez provincial, que la volvió a desproteger, y donde hay registradas situaciones de abuso sexual que la niña sufrió desde los 3 años. María es un nombre ficticio para proteger su identidad.