En la banca del vecino del HCD, plantearon cuál es la situación que están viviendo. Dijeron que solo pudieron trabajar seis días en toda la temporada a pesar de los reiterados pedidos al ejecutivo. Solicitaron la nulidad de las actas que recibieron tres de sus integrantes. Denunciaron «violencia institucional y persecución ideológica».

Este jueves, en la banca del vecino, los artesanos de la Villa de Merlo se expresaron después de las actas labradas por las manifestaciones realizadas en la Plaza Sobremonte.

Alejandra Sosa, presidenta de la Asociación de Artesanos de Merlo y el Comechingones fue quién tomó la palabra en primer lugar. Para realizar un recuento de lo sucedido en la temporada de verano, Sosa afirmó: “No hemos podido trabajar” y “las oportunidades de trabajo han sido muy escasas”. “Terminamos trabajando seis días en toda la temporada alta”, continuó la representante del colectivo.

Más adelante, contó lo sucedido a los concejales. “Decidimos manifestarnos el día 8 de mayo en la Plaza Sobremonte mostrando nuestro trabajo y manifestando nuestra problemática”. “Un mes después llegaron a cuatro domicilios una cedula de notificación del juzgado de faltas por la violación de una ordenanza”, siguió Sosa.

La presidenta de la asociación aseguró que las notificaciones están “basadas en actas que jamás se realizaron”. “Ningún funcionario se acercó a realizarnos ni labrarnos ningún acta”, denunció y disparó: “Estas actas son falacias, están faltando a la verdad y son ilegales”.

Desde la asociación recalcaron que el ejecutivo de Villa de Merlo ejerce contra artesanas y artesanos “violencia institucional y persecución ideológica” y manifestaron vía Zoom que recurrieron al Concejo para pedir “solidaridad, como lo han hecho con los comerciantes”, la nulidad de las actas labradas y que se realice una investigación a quienes las firmaron por “funcionarios corruptos”.

Luego, otro artesano, Martín Costarelli, argumentó que “un acta debe ser específica”, con artículo e inciso violado por el demandado. Además, afirmó que “hay un acoso de género, claramente se buscaron mujeres para hacerlas”.

Finalmente, la Dra. Silvana Ramírez, abogada patrocinante de los artesanos, anunció que se realizará una denuncia penal a los agentes por la falsificación y/o adulteración de las actas. 

De los diez concejales, fueron Donda, González, Fonseca y Morandé quienes se expresaron sobre la problemática que denuncia la asociación.

El primero, sostuvo que “son situaciones idénticas tanto de los comerciantes como de los artesanos” y mocionó. “Que desde este concejo, con la misma actitud que se tuvo para enviar notas de los comerciantes al Gobierno de la Provincia, se envíe una nota al Gobierno municipal para que resuelva esta situación”.

Por su parte, González afirmó su “compromiso para hacer todo lo que esté a mi alcance” para resolver la situación.

En la misma línea, Fonseca manifestó: “el intendente tiene la posibilidad de condonar la deuda” y recordó que el concejo ya ha condonado deudas. En consonancia con Donda y Gonzalez, se puso a disposición. “Si existe voluntad política se puede dar”, finalizó.

Morandé se solidarizó con la situación planteada: “Lo más importante es que ustedes tienen que trabajar y hay que conseguir un lugar dentro de la ley” y se comprometió a «buscar la forma para que ustedes trabajen ya«.

Alejandra Sosa respondió a las expresiones de la concejala Morandé afirmando que “las ordenanzas nos habilitan a trabajar en la Plaza Sobremonte” y le señaló que «cuando -Morandé- fue parte de la intendencia de Petrino nos daba los permisos para trabajar en la plaza”.

F:ElCorredor