«No vamos a postergar a los argentinos para pagar una deuda que no podemos pagar«. Así lo aseguró este martes el presidente Alberto Fernández. Fue su respuesta a la carta enviada este lunes a última hora por los bonistas para presionar al Gobierno a aceptar la contrapropuesta de los fondos de inversión liderados por BlackRock.

La reestructuración de la deuda se encuentra en su fase final y aparecen las tensiones antes del cierre una negociación. El acuerdo se encuentra definido en su aspecto estructural. La disputa ahora es por 3 dólares de valor de recupero y las cláusulas contractuales que se usan para definir el esquema de canje de los nuevos bonos en el futuro.

«Nuestro interés primero es cuidar la salud de los argentinos y las argentinas y nadie nos va a doblegar en eso. Los acreedores tienen que saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar», aseguró el Presidente.

El Ministro de Economía Martín Guzmán expuso la misma línea en una entrevista a la agencia Bloomberg TV, al asegurar que “la propuesta del país es el máximo esfuerzo que puede hacerse. No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir. En el pasado se hicieron las cosas mal en ese sentido”, planteó.

La carta que envió el comité de acreedores indica que el Gobierno debe considerar su contrapropuesta y que tienen una participación cercana al 50 por ciento de los bonos para trabar la reestructuración si es necesario. Este jueves sumarán como argumento que se vence el plazo de 30 días de gracia para abonar los títulos Discount que tenían fecha de pago a fines de junio.

En el Palacio de Hacienda plantearon que el texto de esos fondos es una forma de responder a un comunicado del fin de semana del Ministerio de Economía, en el cual se insistió con que la enmienda enviada a la SEC es lo máximo posible sin perder sustentabilidad en el horizonte de la deuda. 

Brecha financiera

Las conversaciones con los bonistas llevan varios meses. Cuando se iniciaron las mesas de negociación la diferencia entre lo que quería pagar la Argentina y lo que querían cobrar los inversores era de más de 20 dólares de valor recupero.

El equipo económico ofrecía 40 dólares cada 100 de cada bono y los fondos pedían cerca de 65. La brecha financiera fue achicándose con el correr de los meses.

En la última enmienda del Palacio de Hacienda enviada a la SEC se ofreció 53,5 dólares. Un grupo de bonistas dispuesto a negociar aceptó ese acuerdo pero los inversores más agresivos lanzaron una contrapropuesta pidiendo 56,5.

En el mercado dicen que esta diferencia no es tan importante para frenar la negociación. «Hasta ahora cerraron una brecha de 20 dólares. Los tres dólares que faltan no pueden ser la causa del fracaso de la reestructuración”. Así lo planteó a este diario el dueño de una financiera de la city que hace meses sigue de cerca la ida y la vuelta en la negociación de la deuda.

El dato puede ponerse en cifras. Los tres dólares de valor de recupero extra que exigen los bonistas equivalen a alrededor de 2000 millones de dólares (el 3 por ciento de 66 mil millones de dólares que se encuentra bajo reestructuración).

Se trata de una cifra que se paga a lo largo de los años y no cambia la ecuación de los fondos de inversión si la consiguen. Por ejemplo para un fondo como BlackRock –el principal gestor de inversiones del mundo- 2000 millones de dólares no llega a representar ni 1 de cada 1000 dólares de su cartera de activos global.

Brecha legal

El otro aspecto que sigue inconcluso para terminar de cerrar un acuerdo el próximo 4 de agosto es el contractual. El Gobierno ofreció en la enmienda enviada a la SEC cláusulas de acción colectiva que siguen criterios definidos por el FMI y la asociación internacional de capitales.

Se trata de uno de los estándares planteados por la arquitectura financiera para la renegociación de deudas soberanas. Su uso empezó a pensarse a partir de 2014 para evitar nuevos problemas de deuda como los que registró Argentina con los fondos buitres.

Los bonistas aseguran que no quieren recibir condiciones contractuales con cláusulas de acción colectiva single limb y abiertas al criterio de reasignación en un canje. Su temor es que a futuro se use ese instrumento legal para obligarlos a ingresar a una reestructuración.

La cuestión de la single limb y la reasignación de bonos es compleja (podría ser parte de algún juego de estrategia). En el Gobierno se mostraron abiertos a discutirlo. La única premisa que tiene el Ministerio de Economía es recibir el visto bueno de los principales organismos de la arquitectura financiera internacional para avanzar en un cambio de condiciones contractuales.

Es un tema que excede a la Argentina. Este estándar para escribir los contratos seguramente deberá ser utilizado en los próximos años para reestructurar bonos de distintos países fuertemente afectados por la pandemia.