En el último mes el gobernador nombro a mansalva fiscales para cubrir algunas vacantes judiciales, se conoció que la mayoría de ellos, funcionarios, ex funcionarios y allegados al Partido Justicialista no aprobaron los exámenes ser fiscales.
No recomendables, fue la sentencia de la comisión de evaluación, a la gran mayoría de los fiscales nombrados por Alberto Rodríguez Saá. No están aptos para serlo, aun así, el Senado, más precisamente el bloque K, nombraron a los fiscales de igual forma.
Pero esto no es lo más grave, el examen que debía ser tomado previo a la elevación de los nombres al Senado, fue tomado después de que los legisladores prestaron acuerdo, en simples palabras los fiscales y defensores fueron nombrados sin pasar por el proceso de designación ni evaluación, casi “nombrados por decreto”.
Luego de este acuerdo, los fiscales fueron evaluados y solo 3 de los abogados aprobaron el examen, el resto fueron bochados y el dictamen de la comisión evaluadora fue de no recomendarlos para ocupar ese cargo. Ahora solo resta que el Superior Tribunal de Justicia les tome juramento.
Como dato no menor, el Colegio de Abogados de San Luis, el cual participó del proceso de inscripción de los fiscales y defensores, no ha emitido ningún comunicado sobre las irregularidades que se han dado durante el proceso.
