La Convención Constitucional de Chile terminó el borrador de la nueva Carta Magna que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre en un clima de fuerte expectativa, ya que se trata de un proceso histórico que puede modificar por completo el sistema político y social del país sudamericano y que es clave para el Gobierno de Gabriel Boric.

El documento provisional consta de 499 artículos, lo que representa un récord, ya que la actual Constitución de Chile, que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet, solo tiene 129.

Los trabajos de los 154 convencionales que se dividieron en 10 comisiones culminaron el sábado pasado, por lo que este lunes el proyecto se entregará a la Comisión de Armonización que tendrá la tarea de editar la versión final que será sometida a consulta popular.

El borrador se terminó en medio de una fuerte polémica, ya que durante los últimos meses arreciaron las críticas de miembros de partidos tradicionales que denunciaron que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta y que, al ser copada sobre todo por nuevas figuras progresistas, sin mayor experiencia política, la Convención estaba diseñando normas que no representaban a toda la sociedad chilena y que incluso eran contradictorias

A ello se debe, en parte, que las encuestas anticipen un escenario desfavorable para la nueva Constitución. De acuerdo con el último sondeo publicado este lunes por la consultora Cadem, el 46% de la ciudadanía hoy rechaza el borrador, mientras que solo el 38% lo aprueba.

Por otra parte, aunque el 54% desconfía de los convencionales, la cifra representa una mejora, ya que en la última medición la percepción negativa alcanzaba el 58 %.

Cambios

El proyecto es innovador desde su integración, ya que es la primera vez en el mundo que una Constitución es redactada por igual número de mujeres y varones, y con representación de las diversidades sexuales y los pueblos indígenas.

Además, la Convención ha debatido e incorporado temas que todavía no están plasmadas en ninguna otra Carta Magna y que abarcan derechos ambientales y de género y perspectivas innovadoras con respecto a los derechos de los animales y la naturaleza.

Por eso, el borrador establece una paridad inédita en la integración de los poderes Ejecutivo (en todos su niveles) y Legislativo, con una representación de por lo menos el 50 % de mujeres pero que es apenas un piso, no un límite, ya que incluso puede haber más.

Una de las primeras controversias versó alrededor de la decisión de la Convención de eliminar al Senado, ya que el documento establece que el Poder Legislativo estará integrado por el Congreso de Diputadas y Diputados (así, con el uso del lenguaje inclusivo para referirse a ambos géneros), y una Cámara de las Regiones que sustituirá a la de Senadores y que quedó definida como «un órgano deliberativo, paritario y plurinacional».

Con respecto al Poder Ejecutivo, un cambio trascendental es que permite la reelección presidencial consecutiva, algo que hasta ahora está prohibida.

Otro de los temas que han generado un fuerte debate tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas que han sido tradicionalmente marginados en este país, ya que ahora se reconoce que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional (es decir, que en él conviven varias naciones indígenas), intercultural, ecológico y «plurilingüe», lo que implica que el castellano no es el único idioma.

También reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, «los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia», aunque aclara que la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre ambos.

Más derechos

«Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción», señala el Artículo 16, que también ha sido impugnado porque sienta las bases para la legalización del aborto que por ahora solo se permite en Chile por tres causales: si la vida de la madre está en peligro, si el feto es inviable o si el embarazo es producto de una violación.

La innovación del lenguaje del proyecto constitucional queda claro también cuando, en este mismo artículo, señala que el Estado garantiza el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando «a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar» las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. 

En el Capítulo 5, referido al medio ambiente y la crisis climática, se reconoce que la Naturaleza (escrita en mayúscula) tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Todo ello deberá garantizarlo el Estado.

«Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire», señala al retomar los reclamos para evitar o terminar con la privatización del agua.

Con respecto a los animales, los considera sujetos de especial protección, por lo que el Estado los cuidará reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato, además de que promoverá «una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales». Otro artículo que generó polémica señala que todas las personas tienen derecho a una muerte digna.

Ya en las últimas semanas se aprobó el derecho al trabajo decente, libertad sindical, huelga y remuneración equitativa, con una prohibición expresa de la precarización laboral; el derecho a la memoria, la alimentación y la protección de datos personales, así como la prohibición de que puedan postularse a cargos de elección popular personas condenadas por delitos sexuales, violencia intrafamiliar, corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Los convencionales también modificaron el Estado de Emergencia, una norma que fue muy criticada durante el pasado Gobierno de Sebastián Piñera porque permite operativos que, en varios casos, derivan en violaciones a derechos humanos. El borrador ahora establece el Estado de Asamblea, si hay un armado externo; de Sitio, si hay un conflicto armado interno, y de Catástrofe (por crisis sanitarias o ambientales). En los tres casos habrá una Comisión de Fiscalización que vigilará que no se cometan abusos.

Cronología

El camino de la posible nueva Constitución de Chile comenzó en octubre de 2019, a partir de las históricas protestas estudiantiles en contra del alza del pasaje del transporte público, que muy pronto se convirtieron en una grave crisis social y política para el expresidente Sebastián Piñera.

Para encauzar el conflicto, el Gobierno no tuvo más remedio que aceptar la realización de un plebiscito para que la ciudadanía dijera si quería o no una nueva Constitución, que sustituyera a la rige y que es herencia de una dictadura. La consulta se realizó el 25 de octubre de 2020 y el resultado fue un apoyo del 78 % a una nueva Carta Magna.

Luego vino la elección de los 155 convencionales, que se realizó el 15 y 16 de mayo del año pasado, con un triunfo mayoritario de representantes de nuevas fuerzas políticas, sobre todo progresistas y de izquierda, que confirmaron el hartazgo de la sociedad chilena con la clase política tradicional.

El 4 de julio, los convencionales tomaron posesión de su cargo y durante sus primeros meses de trabajo se avocaron a definir un reglamento para su operación interna, así como a establecer las 10 comisiones de trabajo y elegir a sus integrantes.

Durante este lapso, ante la opinión pública la Convención tuvo a favor la elección de Elisa Loncón, una intelectual indígena mapuche, como su primera presidenta. Pero después las críticas se enfocaron en la «tardanza» del órgano para deliberar en torno a los artículos de la nueva Constitución.

También hubo otros escándalos que minaron la confianza en este órgano, como el del convencional Rodrigo Rojas Vade, que fue obligado a renunciar al cargo al descubrirse que había fingido un cáncer.

A las 15:38 horas del 18 de octubre de 2021, los convencionales por fin comenzaron el debate del articulado, que terminaron recién el sábado pasado. Ahora le toca el turno a la Comisión de Armonización, que tendrá hasta el 4 de julio para entregar la versión final del borrador que, dos meses después, será votado en un plebiscito.