El juzgado Civil, Comercial y Ambiental N’1 de San Luis, a cargo Fernando Spagnuolo pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, explicaciones sobre las anomalías en la designación del vocal del Tribunal de Cuentas, que se llevó adelante en la Asamblea Legislativa del 1º de agosto.

La orden del juez surgió a partir de una acción de amparo que impulsaron los diputados Gastón Hissa y Eugenia Gallardo junto a quien ellos postulaban para el cargo que corresponde a la minoría, Néstor Ordoñez. Tuvieron el patrocinio del abogado Ricardo Endeiza, vicegobernador electo.

La presentación surgió luego de la maniobra de los senadores y diputados que responden a Alberto Rodríguez Saá, donde nombraron al contador General de la Provincia, Daniel Marone como vocal del organismo que audita las finanzas públicas por la minoría.

La oposición, que representa la minoría legislativa, había propuesto a Ordoñez. Sin embargo, luego de eso, el diputado Mario Alume Nasif, que resultó electo por el kirchnerismo y tiene un bloque unipersonal, propuso a Marone. Y gracias a la mayoría albertista, lograron la aprobación.

En la Asamblea, el poggismo denunció que se trató de “una maniobra fraudulenta y estafadora para con el pueblo de San Luis” y los legisladores se fueron del recinto.

Antes, Unidos por San Luis había votado a favor la designación por la mayoría de la actual secretaria de Finanzas, Cecilia Badaloni en el Tribunal de Cuentas.

Ahora, Sosa Araujo tendrá un plazo de 48 horas para informar “respecto de las votaciones del diputado Alume Nasif en las sesiones de los periodos legislativos 2022 y 2023, si registra alguna en las que haya votado en contra o negativamente un proyecto del bloque oficialista que constituye la mayoría y cantidad de votaciones en que votó afirmativamente los proyectos de tal bloque”.