Por: Johana Gómez.

Referente provincial del Frente de Izquierda – Unidad.

La semana pasada, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a varias de las empresas más grandes del país, tales como Techint, Arcor, Ledesma, el Grupo Perez Companc, Mercado Libre, entre otras, salió por los medios de comunicación, reclamándole al Gobierno nacional una urgente flexibilización del aislamiento preventivo, social y obligatorio para seguir con sus negocios, sin importarle los costos en la salud que puedan sufrir sus trabajadoras y trabajadores.

Distintos noticieros hicieron eco del reclamo de la casta empresarial, que ha sido la responsable de afectar el trabajo de más de 2,6 millones de asalariadas y asalariados con reducciones de sueldo, suspensiones y despidos, en medio de una crisis sanitaria, económica y social galopante.

La empresa Molinos, por ejemplo, propiedad del grupo Pérez Companc y que vende productos básicos tales como fideos, aceites, yerba o arroz, viene demandando la necesidad de aumentar con urgencia los precios de sus productos, bajo la excusa de estar presentando pérdidas por el aumento de los costos. Mientras los comedores de los barrios y las villas están abarrotados, ya que amplios sectores de tales zonas no pueden acceder a un plato de comida, la empresa quiere aumentar los precios de los alimentos básicos, aun cuando su facturación anual está por encima de los 30.000 millones de pesos y a pesar de que su máximo accionista (Gregorio Pérez Companc) sea el quinto empresario más rico del país.

Otro ejemplo de desidia patronal y social es el que viene del rubro del neumático, que fue uno de los que continuó en actividades durante la cuarentena. Los dueños de Fate, la familia Madanes Quintanilla, también parte del ranking de las más ricas del mundo con una fortuna aproximada de 1.600 millones de dólares, directamente definieron dejar de pagar alrededor de un 50 % de los sueldos de la última quincena del mes de abril e, incluso, algunas trabajadoras y algunos trabajadores no cobraron nada.

En la misma sintonía, la multinacional Mondeléz (que en 2019 facturó alrededor de 41.600 millones de pesos), aduciendo “estar en crisis”, suspendió a la totalidad de las empleadas y los empleados de la planta que la empresa tiene en la Localidad de Victoria, Provincia de Buenos Aires, estando dispuesta a pagarles apenas el 77 % del salario. Sin embargo, a lo largo del confinamiento social, esta empresa continuó trabajando, ya que fue declarada “esencial” aunque su producción sea de golosinas, exponiendo a todo su personal al peligro de contraer coronavirus.

Evidentemente, aunque los números rebasen sus cuentas bancarias, los empresarios quieren más y no quieren perder nada, ni hacer sacrificios, ni ser “solidarios”. Todo ello, con el aval del Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales, que siguen jugando para garantizarles sus ganancias.

En la Provincia de San Luis, por ejemplo, la administración de Alberto Rodríguez Saá no ha dispuesto ninguna medida local tendiente a atenuar las consecuencias económicas que el COVID-19 ha provocado en el bolsillo de miles de familias trabajadoras.

La empresa Mabe suspendió a todo su personal con salarios a la baja, al igual que la empresa Polimetal. Lo mismo ocurrió en EDESAL y en los sectores del comercio y la construcción, que son los rubros que más reducciones salariales, suspensiones y despidos han tenido desde que comenzó la cuarentena. Los pequeños comerciantes y trabajadores independientes ya no saben qué hacer para no caer en la ruina. Y las trabajadoras y los trabajadores de la salud hace rato que vienen reclamando mejores condiciones laborales y más materiales de protección sanitaria para enfrentar la pandemia y evitar los contagios.

Sin embargo, el Gobierno provincial se limita a hacer reportes diarios, sin anunciar ninguna medida que dé respuesta a tales situaciones, y priorizando anoticiar el quantum de las detenciones diarias por supuestas “violaciones” al aislamiento obligatorio, pero, a la vez, sin decir nada de la muerte de Florencia Morales y de un menor en dos comisarías de la provincia y, mucho menos, responder a la pregunta de cómo puede ser que San Luis tenga más muertes en celdas de comisarías que por coronavirus desde que se inició la cuarentena.

Ni el sufrimiento inaudito de los más pobres, ni el ataque a las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan, ni el cuestionamiento a las ganancias de los ricos, ni las muertes en las comisarías y los abusos policiales por el aislamiento obligatorio, ni el hacinamiento en las cárceles son parte de la agenda de quienes nos gobiernan.

Si en la comunicación, muchas veces, el tono está marcado por lo no dicho, por el silencio o por lo que se calla, en las conferencias de prensa de Alberto Fernández como en los reportes diarios de Alberto Rodríguez Saá, gran parte de lo esencial, importante y estructural viene siendo invisible a los anuncios y a las políticas necesarias para combatir realmente la pandemia.

Por eso, pelear por una salida de fondo, para que la crisis no recaiga sobre el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares, y sí sobre los ricos del país y de la provincia, es una lucha urgente que tenemos que dar, organizándonos y preparándonos para ello.