Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de un colectivo por parte del Gobierno de San Luis, durante los últimos días de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Según el informe presentado en el programa Agenda Directa de San Luis+, el Estado provincial otorgó un subsidio de $290 millones al San Luis Fútbol Club, dinero que fue utilizado para adquirir una unidad de transporte en condiciones deficientes y con un presunto sobreprecio de $176 millones.

La operación, expuesta por el periodista Mauricio Conti, señala que el vehículo fue comprado a la empresa Sematur SRL, una firma que no se dedica a la venta de ómnibus y que, según registros, se presenta como prestadora de servicios turísticos. La compra fue documentada mediante una Factura B emitida el 1° de diciembre de 2023, con un vencimiento inusualmente corto de apenas seis días.

Una inspección realizada en la sede declarada de Sematur, ubicada en Luis Guillón (Buenos Aires), encontró un inmueble sin identificación comercial visible, y responsables que negaron dedicarse a la venta de unidades de transporte.

La unidad adquirida, un ómnibus marca Volvo 8450 R6x2 carrocería Metalsur, fue tasada en $114 millones por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, lo que implicaría un sobreprecio de más del 150%. Además, un informe técnico constató que el vehículo presenta casi 890.000 kilómetros recorridos y un estado mecánico deficiente, con múltiples desperfectos que incluyen pérdidas de aceite, fallas en el sistema eléctrico, problemas en el motor y el sistema de frenos, entre otros.

Durante un acto político, Rodríguez Saá defendió la compra asegurando: «Salieron campeonas, me lo pidieron las jugadoras y el cuerpo técnico, y fui yo quien donó un colectivo de la provincia. ¿Qué tiene de malo?», minimizando las críticas recibidas.

El monto del presunto sobreprecio equivale, según el informe, a la suma de los impuestos inmobiliarios abonados por los vecinos de la ciudad de San Luis durante 2023.

La operación continúa bajo análisis, en un contexto de creciente debate sobre el uso de fondos públicos en el cierre de la última gestión provincial.