La fiscal Daniela Torres enfrenta una denuncia formal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y posibles delitos de acción pública, tras ser apartada de una causa en la que se investiga el secuestro de dinero durante un allanamiento. La decisión fue tomada por el juez Matías Farinazzo Tempestini, quien también ordenó comunicar el caso al Superior Tribunal de Justicia, al Procurador General Luis Martínez, y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Luis.
Las irregularidades denunciadas
El conflicto surgió cuando María Lorena Rodríguez, madre de los imputados en una investigación, solicitó la devolución de $473.020 que fueron incautados durante un allanamiento en su vivienda. Según la defensa de Rodríguez, el dinero pertenecía a la mujer y no a sus hijos investigados, y era producto de su pensión, un préstamo y los sueldos del Plan de Inclusión.
La fiscal Torres argumentó inicialmente que el monto estaba depositado en una «cuenta judicial de procuración», pero dicha cuenta resultó inexistente según las verificaciones del juez. Además, tras varios retrasos y negativas, Rodríguez finalmente recibió una suma menor: $455.000, en circunstancias que el juez calificó como irregulares.
Conducta cuestionada
El juez Farinazzo señaló que Torres «mintió» durante las audiencias y que su proceder afectó el debido proceso y la confianza en la administración de justicia. En la transcripción de la audiencia, quedó en evidencia la falta de claridad en sus respuestas y su posterior retirada abrupta antes de que el juez finalizara su resolución.
En su descargo, Torres atribuyó sus errores a un día de estrés y dificultades logísticas, alegando que su intención no era faltar a la verdad. Sin embargo, sus explicaciones no fueron suficientes para evitar su apartamiento de la causa.
Consecuencias institucionales
El juez resolvió:
- Denunciar a la fiscal Torres por la posible comisión de delitos de acción pública.
- Comunicar los hechos al Superior Tribunal de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de Sumarios Administrativos del Poder Judicial.
- Pedir al Ministerio de Seguridad que investigue el rol de los policías de la Comisaría 29º en el manejo del dinero incautado.
Este caso pone en el centro de atención la importancia de la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos legales en el manejo de bienes incautados, así como la responsabilidad de los funcionarios judiciales ante posibles abusos de autoridad.
