Noticia para el comité de decisiones 

Escribe: Susana Dromi

Periodista especializada en Género y DDHH

Integrante de la RIR

San Luis. 20/01/2020

Ante un escenario de terror de abuso sexual, donde la denunciante está obligada a revivir la pesadilla cada día en los pasillos del Hospital y pelear por sus derechos sin respiro, aun con medidas de restricción, lo laboral y el libre tránsito se torna a estas alturas un camino sin respiro y la medida judicial de resguardo, no es y no ha sido hasta hoy respetada, dentro del ámbito laboral.

Rosa, (pseudónimo) la denunciante, debió mudarse de su hogar, buscar un nuevo alquiler. Hacer nuevos gastos. Debió modificar toda su vida. Y sufrir traslados de su lugar habitual de trabajo a otro. Mientras, Edmundo, (pseudónimo), el presunto abusador continúa trabajando como si nada hubiese sucedido en el Hospital de San Luis.

Ha pasado bastante tiempo desde el otorgamiento de la medida preventiva del juzgado, (agosto 2020), -a la fecha extendida nuevamente- y sin embargo, lxs autoridades del Hospital de San Luis, no han resuelto todavía ‘su obligación de no re victimizar institucionalmente a la denunciante’, desoyendo e incumpliendo gravemente la medida de restricción, ordenada por la justicia.

Rosa, padece encuentros sistemáticos con el victimario. Entre-cruzamiento de horarios, exámenes y pasillos, en su lugar de trabajo.

Y en este punto, en el que no podemos evitar analizar las responsabilidades institucionales, hacemos un parate, porque la espera no es necesaria, y sí la celeridad en el accionar administrativo.

La ley Micaela, propone la obligatoriedad de capacitaciones en Perspectiva de Género, no obstante es evidente la ausencia de la misma a la hora de deliberar y ejecutar decisiones desde ése organismo de salud, disposiciones todas que protegen al victimario.

¿Qué paraliza el accionar ajustado a la Perspectiva de Género en el ámbito intrahospitalario?

De hecho, las autoridades, tanto el director del Hospital Dr. José Núñez, como el Comité de Residentes, están notificados de la situación de modo formal por presentación de organizaciones sociales, -con recepción el día 3 de noviembre del 2020- escrito que además de informar la situación, sugiere cuáles actuaciones serían imprescindibles para evitar re victimizaciones.

Sin embargo, para cuando Rosa regresa a su lugar de trabajo en el Hospital de San Luis,-hace dos meses- Edmundo, el abusador, continúa allí.

Aun hoy, continúa allí.

Nos preguntamos, ¿Cuánto tiempo más, tardarán en tomarse medidas? ¿Cuánto tiempo más se re victimizará a la denunciante? ¿Cuánto tiempo más, estarán olvidando al denunciado penalmente?

Ahora, quién somete, ¿es el sistema? ¿es el Hospital? ¿son sus autoridades? ¿Qué está sucediendo Srxs? Ustedes nos aseguran que este presunto abusador, ¿ha dejado de serlo? ¿no surgirán nuevas denuncias? No queremos llegar a las 50 víctimas, testimonios, y años de no escuchar a las damnificadas; citar el caso del profesor de Educación Física de una conocida escuela céntrica, es aterrador.

Como si todo esto fuese poco, se le pide a Rosa, no asista a trabajar en tanto ‘se encuentre una solución’, no se le extiende ninguna certificación por escrito al respecto, no se la llama a reintegrarse, se le pregunta por qué no utiliza el botón antipánico dentro del nosocomio, se le pregunta por qué no acude a la policía que está de guardia en las puertas del Hospital, lo que realmente es una burla.

Son ellos mismos quienes disponen lo que sucede y luego le piden que denuncie esas disposiciones?

Como si el sistema fuera inmune a los daños ocasionados o pudiese asegurar que no existirán nuevos agravios.

Como si la salud pública no tuviera que ver con la salud psíquica y física y emocional de Rosa y la de quienes pudieran estar en riesgo.

Como si velar por los derechos, garantías y estado de salud de Rosa no fuese parte de esa responsabilidad sanitaria y como si no fuese responsabilidad del estado, asegurar esas garantías.

Oficinas, pasillos y tribunales, son recorridos en búsqueda de medidas que alivianen las espaldas y anulen esas violencias evitables. Pero no hay respuestas.

“Inmediata reincorporación de Rosa al trabajo dentro del Hospital de San Luis.

 Inmediato traslado del presunto abusador.”

Ahora el pedido es público: Urgente accionar, resguardo y no más re victimización para Rosa.